¿Aumentamos el sueldo de los maestros? ¿Construimos el Museo de la Memoria? ¿Reponemos los depreciados tanques militares?… El Presupuesto Público es mucho más que la agregación de los costos en que incurren las distintas entidades del Estado;  es un medio tangible para  “leer”  las prioridades del gobierno de turno. A continuación, algunas sugerencias a tomar en cuenta cuando revisemos las cifras del Presupuesto Público peruano.

1. Un juego de suma cero. En términos netamente presupuestales, un sol más en defensa, es un sol menos para educación; un sol más en salud es un sol menos en transporte. Esto requiere que quienes  pretendan gerenciar el Estado (y sus recursos) tengan la capacidad de leer las necesidades de sus ciudadanos y plasmarlas en planes estratégicos, que otorguen cierto “orden” de prelación a las insaciables necesidades del país, que deben ser financiadas con los escasos recursos públicos.
2. De intenciones a acciones.  El Pacto Social o FORSUR son apuestas del gobierno de turno con intenciones nobles pero que han alcanzado poco impacto. Y es que la implementación de las intervenciones del Estado va más allá de elegir nombres que vendan o lanzamientos en la prensa. Las intervenciones del Estado tienen que estar correctamente planificadas: con una adecuada definición de objetivos y de población beneficiaria, con una lúcida identificación de las acciones  que llevarían a los resultados buscados e identificación de los instrumentos para medir los avances. Y es que –por impaciencia o por inocencia- se tiende a creer que con asegurar los recursos para determina intervención hemos garantizado su éxito.
3. ¿Más plata, mejores resultados? Prueba más concreta de esto lo demuestra el sector educación, ámbito de la intervención del estado que debe ser una prioridad nacional. Y es que a pesar del crecimiento de 125% que ha experimentado el presupuesto del sector en los últimos 10 años, los resultados de las evaluaciones en comprensión lectora y razonamiento matemático de los alumnos de la educación pública son bastante pobres. Con esto quiero decir que exijamos estrategias para resolver los problemas del sector educación, con acciones concretas (previamente estudiadas y analizadas), y por supuesto, exijamos los recursos necesarios para implementarlas.
4. ¿Quién pagas las cuentas? ¿Qué haría usted si el gerente general de su empresa lo hace invertir mucho dinero en infraestructura que no utilizará (es decir, lo hace “tirar plata al agua”? Probablemente lo despediría al día siguiente, si es que no decide emprenderle un juicio. Justamente, necesitamos diseñar mecanismos de evaluación al desempeño para que quienes toman las decisiones de gasto público sean responsables de sus errores y sean premiados por sus aciertos. El ojo ciudadano podría aportar significativamente esta tarea.
5. El énfasis en los resultados. La nueva administración pública busca orientar la gestión pública a proveer los resultados que el ciudadano espera y valora; un esfuerzo en este sentido lo viene liderando el Ministerio de Economía y Finanzas hace algunos años. Son varios los instrumentos que vienen implementándose, a través de este espacio, me gustaría invitarlos a revisar los informes de evaluación independiente de JUNTOS y los programas de Conservación de Carreteras y el Programa Articulado Nutricional. Están solo a un click de distancia.

En el río amazonas, en la región Loreto, la motonave Camila se hundió ocasionando la muerte de más de una veintena de personas. La razón: se estima que en la embarcación viajaban 280 personas, pese a que sólo tenía capacidad para 180. Es decir, la embarcación Camila, al momento del naufragio, transportaba un excedente de pasajeros de aproximadamente 100 personas (64% más de su capacidad regular) sumado a la carga que cada una de estas personas trasladaba consigo.

El accidente, por definición, es aquel suceso imposible de prever que genera un daño. Los accidentes no son accidente cuando se pueden pronosticar. El hundimiento de una embarcación que transporta un número significativamente superior de personas de las que puede regularmente transportar, el descarrilamiento de un bus interprovincial en la ruta Lima-Arequipa luego de que el conductor ha cumplido su hora número 15 de manejo sin cabecear, no es un accidente. Aquellos sucesos son previsibles no sólo para el motorista y el conductor, sino también para los que utilizan el servicio: los consumidores.

“Ser un buen ciudadano incluye ser un buen consumidor” es una frase que he escuchado muchas veces y que recuerdo cada vez que me entero de estos lamentables sucesos. Es aterrador que usuarios de diversos servicios tengan que perder la vida, sufrir un daño o pasar un susto innecesario debido a excesos cometidos por aquellos que no saben identificar el límite y aprovechan la débil exigencia para brindar un mal servicio.

Ante esto, me pregunto bajo qué criterios los ciudadanos nos resignamos a que los proveedores de servicios nos vean como seres inanimados sin capacidad de exigir calidad (o al menos seguridad) en los servicios que brindan. Es cierto que en muchas regiones del país la demanda de servicios es muy alta y los recursos para satisfacerla son muy escasos; sin embargo, aún así, estoy seguro que los ciudadanos tenemos la fuerza necesaria para que todo servicio que se brinde cumpla estándares mínimos de calidad y seguridad.

Un buen ciudadano evita que el bus en el que se transporte exceda la velocidad máxima, un buen ciudadano impide que una embarcación transporte más peso del que su capacidad permite, un buen ciudadano exige que sus derechos se respeten. Los usuarios de los servicios no deben ser pasivos. Los proveedores de servicios deben encontrarse al servicio del ciudadano y no viceversa. Pero para eso se debe exigir y no intimidarse.

Un ejercicio responsable de la ciudadanía, manifestado en la exigencia de servicios que resguarden el bienestar de los consumidores, resultará en una sociedad más previsible, en la que se tenga una mayor calidad de vida y donde, principalmente, el eje central sea siempre el ciudadano.

Hoy leí un artículo de José Barba Caballero, ex parlamentario y político peruano experimentado, hablando sobre la incompatibilidad entre la moral privada y la moral del Estado. En este texto, el pensamiento “práctico” y hasta “amoral” es defendido en aras de objetivos supuestamente superiores del Estado como el orden, el bien común o la paz. Repasemos uno por uno los ejemplos y argumentos del artículo en mención.

En primer lugar, se afirma que ganar la guerra contra al terrorismo en el Perú era un objetivo superior, y cualquier exceso, como violaciones, matanzas y demás, eran inmorales pero btolerables o incluso perdonables por la sociedad, puesto que se había logrado el objetivo. Total, el único que tiene el monopolio legal para matar es el Estado, y aquí lo que se definía era “o ellos o yo”. El fin justifica los medios, ¿se acuerdan?

En segundo lugar, el texto critica la decisión del presidente Paniagua de desactivar del Servicio de Inteligencia (SIN) porque, aún siendo un trabajo sucio, era absolutamente necesario en el país. Sí, es cierto, un servicio de inteligencia es siempre necesario, pero no el que había construido Vladimiro Montesinos. ¿O acaso creemos que ese Servicio era el que los Estados y sus ciudadanos necesitan?

En tercer lugar, según esta filosofía, la “moral” de la política se apoya en las exigencias de la realidad, y no en consideraciones morales privadas. Me hizo recordar las palabras de Tom Hagen, Consiglieri de la familia Corleone, al nuevo Padrino: “hay cosas que no se dicen, se hacen y punto. A nadie le gusta pero se tiene que hacer”. Seguidamente mató a su hermano por traidor. El artículo concluye con contundencia lógica que, dadas las razones expuestas, el que tenga conciencia no debe hacer política.

Como dijimos al comienzo, muchos pensadores han hablado de la relación entre la moral y la política. Si bien Maquiavelo es uno de los pioneros de la filosofía Barba Caballero, también es cierto que los Estados hace tiempo que han avanzado en materia de valores morales en las sociedades. Por eso ahora tenemos códigos civiles y penales más completos, tenemos un derecho de la competencia más desarrollado, tenemos cartas y compromisos sobre Derechos Humanos, contra la discriminación, trata de personas, prostitución infantil, etc.

Esto de separar la moral privada y la moral de la política no deja de ser un espejismo ideológico. Ciertamente, el Estado es la fuerza colectiva que necesitan las personas para convivir, pero de ninguna manera, ese poder delegado puede servir para aceptar valores amorales como mentir, robar o matar. Y si alguien argumenta que el bien común puede vulnerar los derechos de una persona individual, debemos recordar que el liberalismo hizo su gran contribución a la humanidad cuando los países suscribieron la carta universal de los derechos humanos en la ONU.

Finalmente, debemos recordar que la política no es solo el arte de gobernar, sino también el arte de la conducción y la representación de las personas y sus valores. Un político, como un intelectual, un deportista, un artista, un maestro, no solo es su talento, sino también un ejemplo y un referente para los demás. En el caso del político, la responsabilidad de dar el ejemplo es mayor, porque expresa con su conducta y su coherencia cómo las personas quieren vivir. Por eso, la política y la moral van de la mano.