Imagen de Carlincaturas

Respecto al debate público desarrollado durante las últimas semanas, acerca de la conciencia política de la juventud y el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), Coherencia considera pertinente señalar lo siguiente:

1) Nuestra firme posición es contraria a toda forma de violencia, incluyendo cualquier iniciativa que busque minimizar o reivindicar los actos terroristas cometidos por cualquiera de los grupos o individuos involucrados en el conflicto armado interno[1]. En ese sentido, rechazamos con absoluta claridad las intenciones expuestas por el MOVADEF, referidas a la amnistía para los criminales terroristas y la categorización de los mismos bajo el concepto de prisioneros políticos.

2) Que es necesario oxigenar el debate actual, donde se ha mostrado a los jóvenes como poco comprometidos e informados. En lugar de ello, planteamos que se nos permita mostrar lo que sí estamos haciendo, tanto para generar memoria como para combatir ideológicamente al terror y demostrar sus contradicciones. Es necesario rescatar, en ese sentido, los esfuerzos realizados por los jóvenes por la construcción de nuestra democracia como lugar de esperanza para nuestra generación.

3) Que la inconsciencia colectiva respecto a la época del terror está fundada, también, en la debilidad de los partidos políticos, que en numerosas elecciones han privilegiado la exposición mediática de sus representantes, en lugar de la formación de cuadros políticos desde la juventud. Esto ha dejado a una generación entera de jóvenes huérfana de ideales políticos y desvinculados de uno de los puntales de cualquier democracia: sus espacios de representación.

4) Que es necesario y urgente, en consecuencia, fortalecer nuestro sistema democrático, tanto al crear los mecanismos necesarios para impedir que recoja en su seno a ideologías orientadas a destruirlo; como, sobre todo, al reforzar a nuestros partidos políticos como espacios reales de creación de ciudadanía y pedagogía política.

5) Que es necesario, finalmente, que como sociedad practiquemos un ejercicio constante de memoria reflexiva, que nos permita conocer, además de los hechos mismos, las condiciones subyacentes que permitieron el surgimiento del terrorismo en el Perú. En este esfuerzo, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un documento ineludible, cuya consulta debiera ser privilegiada, tanto desde los canales educativos regulares como desde los distintos espacios de la sociedad civil.

Lima, 31 de Enero del 2012

[1] Señalados oportunamente en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sr. Presidente de la República Ollanta Humala:

Desde Coherencia, queremos manifestarle nuestra preocupación por las recientes medidas y actitudes antidemocráticas expresadas por los miembros del actual gobierno. En las últimas elecciones presidenciales, Coherencia reafirmó su compromiso con la democracia de nuestro país, motivo por el cual consideramos que – bajo este principio – fueron opciones válidas votar por Gana Perú, blanco o viciado[1]. Asumimos también que el voto a favor de Gana Perú debía asumirse de manera crítica y vigilante, y coherentes con ello, no podemos dejar de pronunciarnos a la luz de hechos que van en contra de los principios democráticos que Ud. se comprometió en garantizar[2].

-          El marco del Estado de Derecho.

-          Su defensa y respeto por la libertad de expresión, de información y de prensa.

Ante estos compromisos asumidos, es nuestro deber pedirle cuentas por los siguientes hechos:

1. Detención ilegal de ciudadanos peruanos. Ha quedado demostrado que algunos de los dirigentes políticos que participaron en las últimas protestas en Cajamarca fueron detenidos ilegalmente. La justificación brindada por las autoridades en los medios de prensa alude a procesos de investigación que, a dicha fecha, no contenían mandato de detención alguno.

Lamentamos algunos comentarios que justificaron este hecho argumentando que los retenidos eran sospechosos de causar desmanes y daños contra la propiedad pública y privada. No dudamos que de ser comprobados tales actos de violencia, que también son conductas antidemocráticas, los responsables deberán ser sancionados conforme a lo establecido por las normas penales y civiles correspondientes; pero sin soslayar la plena aplicación de la Constitución y las leyes, el derecho a un debido proceso y las demás garantías constitucionales.

2. Bloqueo financiero cuyo sustento legal no ha sido esclarecido. Luego del conflicto social desarrollado en Cajamarca a raíz de la implementación del proyecto minero Conga, el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a bloquear las cuentas financieras del Gobierno Regional de Cajamarca.  Se argumentó que esta medida se trataba de una acción preventiva ante un eventual uso indebido de los fondos; sin embargo, no ha quedado claro el proceso jurídico que sustenta una acción legal de esta naturaleza. Consideramos que esta acción, por la forma en la que se llevó a cabo, es un precedente nefasto que va en contra del actuar democrático de un gobierno. Acciones de este tipo no pueden tomarse de manera arbitraria y basadas en la sospecha de alguna autoridad, para ello existen mecanismos legales correspondientes que deben ser respetados y comunicados transparentemente.

En este sentido, discrepamos de las opiniones que celebran esta medida como una señal de autoridad del poder ejecutivo. Ejercer autoridad en democracia no significa obviar los respectivos procesos legales y administrativos sino, por el contrario, respetarlos.

A estos gravísimos hechos se suman acciones y declaraciones que revelan actitudes poco democráticas que nos preocupan:

- La incursión de personal policial en lugares de reunión social sin justificación legal. Se han denunciado incursiones policiales en reuniones en la casa cultural “Poco Floro”[3] y en un local del partido aprista peruano[4]. donde supuestamente se ventilaban expresiones contrarias a la posición oficial del gobierno central sobre el caso Conga.

- Declaraciones presidenciales que aluden al fracaso del servicio militar voluntario y la revisión del voto al personal militar[5]. Creemos que el aumento de oportunidades de trabajo y educación de una gran proporción de jóvenes peruanos no está relacionada con la implementación del servicio militar obligatorio, sino más bien con el sustancial mejoramiento de nuestro sistema educativo. Antes que repensar en políticas de obligatoriedad, los ciudadanos que exigimos se respeten las libertades que un sistema democrático garantiza, merecemos tener la oportunidad de elegir qué hacer y a qué dedicarnos en la vida sobre la base de lo que consideramos valioso como individuos que forman parte de una sociedad. Por otro lado, consideramos que el voto del personal militar fue un avance democrático en el que no se debe retroceder. Los militares son ciudadanos con una honrosa profesión que merecen tener el derecho a elegir quién gobernará su país.

Finalmente, reiteramos que Coherencia se mantiene vigilante ante hechos que revelen cualquier atentado contra la democracia y los principios que prometió resguardar. Adicionalmente, rechazamos las opiniones vertidas a favor del pragmatismo bajo el cual se pretenden justificar estos hechos. Esto nace de nuestro reconocimiento de que ningún acto humano – y menos a nivel político – es puramente pragmático, siempre hay detrás una escala de valores que debemos hacer explícitos. Nuestra escala, plasmada en nuestro ideario[6], establece que el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales son esenciales para la existencia y el fortalecimiento de la democracia, por lo que los defenderemos públicamente la cantidad de veces que sea necesaria.

Muchas gracias por su atención.

Saludos cordiales,

Asociación Civil Gobierno Coherente

[2] http://www.contexto.org/pdfs/ENCARTE_HOJA_DE_RUTAHUMALA.pdf

[3] http://www.alertaperu.pe/publicar/nacionales/2310-denuncian-amedrentamiento-policial-contra-casa-cultural-qpoco-floroq.html

[4] http://peru21.pe/2011/12/14/impresa/plaza-armas-2003066

[5] http://www.youtube.com/watch?v=lrGBhHFYApg

[6] http://www.coherencia.pe/ideario

Coherencia es una organización que lleva 6 años convencida de que la política es un aspecto esencial de la vida en sociedad y, bajo esa idea, sus energías se han dirigido a tratar de incorporar a los jóvenes en lo político, sea como líderes, o como ciudadanos que viven plenamente en democracia.

En estos años hemos desarrollado proyectos vinculados con la fiscalización, la generación de espacios de discusión de lo político, la difusión de información y, en nuestro afán por ir un paso más allá, tuvimos un primer ingreso en el mundo electoral con la campaña “¡Tenemos ganas!”, en calidad de invitados en la lista congresal del Partido Descentralista Fuerza Social, vínculo institucional que concluyó con el fin del pasado proceso electoral.

Coherencia busca que todos sus miembros cumplan con lo siguiente:

1. Respeto a los principios éticos que rigen nuestra organización;
2. Transparencia en los mecanismos de su contratación;
3. Competencias profesionales correspondientes al cargo que se requiere.

A propósito de las denuncias periodísticas respecto a un supuesto favoritismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el caso de la contratación de Augusto Rey, miembros de Coherencia solicitaron aclaraciones. Éstas fueron respondidas con documentos por el Sr. Rey, quedando demostrado que se respetaron cabalmente los estándares antes mencionados. Adicionalmente, como señal de transparencia, el proceso de contratación ha sido puesto a disposición del órgano de control interno de la MML.

Una organización que pretende hacer una política distinta, mal haría en desentenderse de las críticas surgidas en torno a la contratación de alguno de sus miembros en la gestión pública y, por eso, reconocemos que esta situación mereció una respuesta más oportuna; esto es parte de nuestro constante aprendizaje.

Al ser la primera vez que ocurre un hecho de estas características, queremos dejar un claro precedente de los procedimientos internos para esclarecer cualquier denuncia de este tipo. Por ello se ha dispuesto que, de ahora en adelante, y de forma obligatoria, la postulación de cualquier miembro de Coherencia a concursos públicos o privados, deberá ser comunicada oportunamente a los demás miembros, para guardar registro de que se han cumplido los estándares exigidos por todas las partes.

Nuestra visión está en la generación de cuadros comprometidos con el servicio público, ya sea desde el sector empresarial, estatal o desde las organizaciones de la sociedad civil. Por eso promovemos que nuestros miembros, desde estos distintos espacios, y según sus preferencias y aptitudes, asuman responsabilidades y liderazgos.

Nuestra organización sigue con la firme convicción de promover una política distinta a la que estamos acostumbrados, como lo demostramos en la campaña “¡Tenemos ganas!”, y es lo que queremos seguir transmitiendo a través del aporte de nuestros miembros en la vida política.

Lima, 15 de agosto de 2011.

Tras la decisión democrática tomada por la mayoría de peruanos, que dejan en carrera electoral para la segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza 2011, y al candidato Ollanta Humala, del partido Gana Perú, Proyecto Coherencia y Gobierno Coherente se sienten en la obligación de pronunciarse en los siguientes términos:

1. Ante esta coyuntura electoral, Coherencia desaprueba las expresiones y acciones de discriminación que se perciben en los discursos cotidianos de muchos peruanos y peruanas. Hoy más que nunca creemos que sólo la tolerancia y el respeto a las decisiones de nuestros compatriotas nos llevarán a fortalecer la democracia y a construir un país donde sus ciudadanos puedan ser felices, independientemente de quien gane las elecciones del 5 de junio.
2. Nuestra posición institucional, coherente con los principios de democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos, es negar tajantemente cualquier posible apoyo a la candidatura que representa el Fujimorismo. Creemos que en la medida en que Keiko Fujimori no se haya deslindado con claridad de los crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción llevados a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori y que por el contrario se muestre como una defensora del mismo, nuestro voto significaría premiar a un gobierno corrupto y a una dictadura que provocó irreparables daños en nuestro país.
3. Consideramos que la opción de votar por Gana Perú, de ser adoptada, debe asumirse de manera crítica y vigilante. Los cambios drásticos de la visión económica que plantea el partido Gana Perú en sus diferentes planes de gobierno requieren que el elector esté vigilante y exija que se respeten los últimos compromisos asumidos al respecto. Además, consideramos que el candidato Ollanta Humala, cuyo pasado está vinculado a prácticas antidemocráticas, no ha esclarecido en sus planes de gobierno dos aspectos importantes que requieren nuestra especial observación:

• El Plan de Gobierno inicial afirma que “los medios de comunicación estarán al servicio de la democracia”. Esta frase y sus implicancias, que no han sido abordadas en los documentos posteriores, nos parece muy peligrosas para la libertad de expresión debido a su ambigüedad.
• No estamos de acuerdo con la elaboración de un nuevo texto de la Constitución ni con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si la Constitución precisa de reformas, estas deberán hacerse a través del Congreso de la República respetando nuestra legislación vigente.

4. En este panorama, consideramos que el voto en blanco o viciado es también una opción válida, y lejos de presentarse como evasión de responsabilidad, debe asumirse como una doble responsabilidad en el rol que como ciudadanos debemos ejercer con más tesón que nunca.

5. Con todo lo antes dicho, queremos reiterar nuestro compromiso con el desarrollo del país, asumiendo que nuestro rol en los próximos 5 años será de un movimiento vigilante y fiscalizador, que se articule con otros movimientos que comparten estas mismas preocupaciones y responsabilidades.

Nuestro compromiso permanente no es con los candidatos, sino con la democracia y con el nuevo modelo de partido político que estamos construyendo. Deseamos que más jóvenes se sumen a este emprendimiento, con miras a tener mejores políticos y mejores candidatos que nos lleven a votar con ganas y convicción por la mejor opción.

“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo”

(Isaac Newton)

Nosotros hacemos política y nos gusta. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado a lo largo de 6 años, por eso hablamos de Coherencia con emoción en los ojos y en la voz. Cada proyecto, nuestro, cada emprendimiento, es para nosotros un hijo. La dedicación, las ganas y el esfuerzo para sacarlo adelante forjan la identidad del ser Coherente.

Somos todos personas muy distintas, nuestras historias relatan diversidad. No obstante, en esa mixtura  de formas y colores; de pasiones y creencias, encontramos puntos en común que nos unen. Puntos en común como el deseo de ver un país distinto y la convicción de trabajar para hacer realidad el sueño. Cosas en común como el ideal de la Coherencia como estilo de vida, aunque más de una vez nos demos cuenta de lo difícil que resulta el reto; ser Coherente las 24 horas del día no es tarea fácil.

Coherencia somos nosotros, somos los que estamos y los que estuvieron; y somos nosotros quienes decidimos qué se hace y cómo se hace. Nos compramos el pleito de cambiar el país. Puede parecer ingenuo, pero sabemos que no será sencillo, que el reto es grande pero nos arriesgamos a soñar. Puede parecer soberbio, pero creer en nuestra capacidad y en la posibilidad es indispensable para ponernos en acción. Si comenzamos algo creyendo que todo está perdido, realmente está perdido. Puede ser más digno y más provechoso perder luchando una batalla difícil, que ganar una fácil.

Nietzsche dijo alguna vez que “una alianza es más sólida si los aliados, más bien que conocerse mutuamente, creen los unos en los otros: por ello, entre enamorados, la alianza es más sólida antes que después de la unión matrimonial”. De eso se trata. A lo largo de 6 años no sólo nos hemos conocido, no sólo se han creado lazos de amistad, sino también se ha forjado una fuerte alianza entre nosotros, que nos permite creer en el otro y nos inspira a actuar. Eso trae consigo una gran responsabilidad, pues somos todos los Coherentes los responsables de mantener esa confianza que se basa en nuestra dedicación al trabajo en la organización y en la Coherencia con que hacemos cada cosa. Porque ser Coherente es también ser sincero y “sólo en un mundo de hombres sinceros es posible la unión”. (Thomas Carlyle)

Y de la confianza que tenemos unos en otros nace la cohesión; esa que lleva a cada parte a formar ese todo llamado Coherencia. Esa cohesión que transforma a sujetos desvinculados, sus sueños, sus expectativas, etc. En un solo ente que le da sentido a aquello que los une, que los organiza. Tal vez por eso se le llama organización.

La cohesión, entendida en el sentido anterior, es el activo más importante que tenemos en Coherencia. Sin embargo, 6 años después hay muchas cosas que debemos mejorar. El Perú no es el mismo de hace 6 años, Coherencia tampoco. Es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. Debemos comenzar a trabajar ya pensando en nuestro futuro, pensando en qué organización queremos ser, cómo queremos funcionar, qué queremos lograr. Llamarnos Coherencia es sí mismo un desafío, tenemos que estar a la altura.

En los próximos meses será necesario asumir ese proceso de cambio para fortalecer a nuestra organización. El contexto político lo exige y estamos hoy en situación de renovarnos y tomar las medidas necesarias. ¿Cómo formar el partido? ¿Qué rol cumplirán Proyecto Coherencia, Gobierno Coherente, RSJóvenes, el futuro partido político, etc? ¿Cómo se vincularan estos actores?, ¿Cómo fortalecernos en Lima y llegar a provincia para tener una visión más integral del país?, ¿Cómo hacernos una organización más inclusiva? ¿Cómo hacernos una organización más eficiente? ¿Cómo conseguir mayores recursos económicos? ¿Deberíamos tener personas trabajando pagadas en Coherencia?, etc. Son todas preguntas que ya deberíamos responder.

“Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio”. (Federico García Lorca).

Coherencia es poesía, si así lo queremos mirar. Es la expresión de nuestra esperanza en formas que de manera individual no podríamos siquiera imaginar. Si fuese una obra teatral, cada uno tendría un papel importante, del cuál dependería el buen final de la misma. Ese final que imaginamos y que tímidamente hemos ido escribiendo en estos años.

Coherencia somos todos, y somos todos nuestro soporte y nuestra esperanza. Nunca olvidemos eso. Tengo 2 años en la organización, pero siento que hubiera acompañado a Coherencia desde el primer día, y estaré acompañandola hasta el último. Confió en que la mayoría de los aquí presentes harán lo mismo.

¡Muchas gracias!

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Luigi Zanatti

Director general - Proyecto Coherencia

Carta abierta de Coherencia sobre nuestra participación política en estas Elecciones 2011.

Coherencia somos un grupo de jóvenes líderes que desde hace 5 años nos estamos preparando para hacer una política positiva. Tenemos una visión al año 2020: reunir un movimiento generacional de formación, participación y representación política, articulado a través de redes y alianzas entre organizaciones de distintos lugares del Perú.

Tenemos la ilusión que además de Proyecto Coherencia y Gobierno Coherente, que son nuestras organizaciones sociales de diálogo frecuente con los ciudadanos, podamos en los próximos años conformar un tercer espacio llamado partido político que en lugar de bases se alimente de estas redes de personas y organizaciones capaces de dialogar con confianza, reconocimiento y constante aprendizaje.

Mientras alcanzamos estos ideales, necesitamos aprender a organizarnos no solamente para la sociedad civil, sino también para la sociedad política, así como ser parte de la competencia democrática por el poder que llamamos elecciones. Al mismo tiempo, urge inspirar a otros muchos jóvenes para que hagan política con profesionalismo, limpieza y amor por los peruanos. Pertenecemos a la generación del Bicentenario. Estamos asumiendo nuestro compromiso generacional de liderar el país en los próximos años: la juventud peruana ya es emprendedora en los negocios, en lo social y en lo político. Es momento de afirmarlo y contagiar.

Por eso aceptamos la invitación del partido Fuerza Social para que Coherencia presente dos candidatos al Congreso de la República. Creemos que es tiempo de poner un hito más en la historia política de nuestro país, motivados por la ilusión de tener instituciones políticas con representantes que transmitan energía y coherencia, pasión e inteligencia, compromiso y decencia. Tenemos ganas de un Congreso coherente y con estas candidaturas iniciamos el importante desafío.

Llamamos política positiva a aquella con instituciones y pedagogía. Donde todos somos responsables del liderazgo del país: cada ciudadano y cada organización, cada persona y cada empresa. Necesitamos más que nunca de un liderazgo político que embandere la felicidad como proyecto de vida, para vivir y convivir entre peruanos. Una política creativa e innovadora.

En Coherencia estamos dispuestos a comprarnos el pleito y por eso pensamos que es posible un Congreso distinto, que haga realidad esta política positiva en cada uno de sus debates y mensajes, convertidos en leyes. Ingresar a la sociedad política se vuelve hoy además de una urgencia, una posibilidad, una oportunidad y una responsabilidad de nosotros para con nuestro país.

Lima, febrero de 2011.

Proyecto Coherencia es una organización formada por jóvenes que promueve la discusión y el análisis de la realidad nacional desde una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de plantear soluciones viables e integrales a las problemáticas actuales del país. En este sentido queremos expresar nuestra posición en los siguientes términos:

En las últimas semanas, el debate sobre la “despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre/con adolescentes de 14 y menos de 18 años” (en adelante “proyecto de ley”) ha entrado en una especie de letargo. La coyuntura, se podría decir, ha dado un viraje hacia otros temas, de menor o igual importancia. Sin embargo, como jóvenes del Perú, se ha decidido que es necesario marcar una posición en torno a este tema y sustentarla ante la opinión pública para, así, darla a conocer. Es así que, a continuación, se presentará primero los argumentos contrarios a este proyecto de ley para, luego, mostrar el por qué estos argumentos resultan inválidos.

Las personas, entre ellas algunas autoridades, que se han mostrado contrarias al proyecto de ley ya mencionado, han argumentado, en primer lugar, que la despenalización de este tipo de relaciones sería impulsar a los adolescentes a tener relaciones sexuales debido a su “inmadurez sexual”; se los estaría induciendo a tener sexo desde temprana edad sin medir las consecuencias. Asimismo, han manifestado que la sociedad peruana no está preparada para la modificación que se plantea en el Código Penal. Es decir, la educación de los adolescentes peruanos no se encuentra en un nivel adecuado para poder asumir una responsabilidad como sería el decidir si tener o no relaciones sexuales. En otras palabras, el Estado debe decidir por ellos mediante la prohibición, ya que no tienen el suficiente raciocinio para poder discernir entre iniciarse sexualmente o no.

Respecto al primer punto mencionado, referido a que la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre/con adolescentes induce a estos a tenerlas. Según el INEI[1] (Instituto Nacional de Estadística e Informática), del total de mujeres entrevistadas de 25 a 49 años de edad en el 2009, el 39.2% mencionó haber tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años de edad. Es decir, la ley vigente, la cual es un mecanismo de prohibición, no va de la mano con lo que se vive: ¡Los adolescentes sí tienen relaciones sexuales! Ante esta clara evidencia, lo que se busca con el proyecto de ley es darles acceso a los servicios ofertados de salud, como vendrían a ser los partos atendidos institucionalmente; que las adolescentes puedan darle al hijo el apellido del padre; o que puedan acceder a métodos anticonceptivos sin ningún tipo de preocupación para, así, poder disminuir el riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS).

Es claro que muchas personas desearían que los adolescentes no tengan relaciones sexuales a tan temprana edad, no obstante, la realidad es otra. En todo caso, los esfuerzos deberían estar enfocados en que los adolescentes sean concientes de la responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales a tan prematura edad y de cuáles son los “riesgos” de no protegerse en tal situación. Los adolescentes deben estar informados para poder tomar una decisión y asumir la responsabilidad de las consecuencias que puedan aparecer. Así, el/la adolescente podría evitar los embarazos no deseados, los cuales podrían dificultar su desarrollo académico y, posteriormente, su desenvolvimiento profesional, debido a su no protección y planificación; también, se podría evitar que más madres adolescentes mueran al momento del parto, algo inconcebible hoy en día; o que jóvenes adolescentes vayan a prisión, habiendo tenido una relación sexual consentida. Como se puede observar, la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre/con adolescentes es más un paliativo que un enfrentamiento a la esencia de la problemática.

Por otro lado, se mencionó que la sociedad peruana no está preparada para la modificación que se plantea. A esta afirmación se haría la siguiente pregunta: ¿cuándo estaría preparada? Es verdad que la educación peruana, sobre todo en el ámbito rural, es precaria y los adolescentes no reciben una educación integral, ni acorde a su realidad; sin embargo, es un hecho que estas personas se están iniciando sexualmente antes de ser mayores de edad. El proyecto de ley planteado debe ser el primer paso para una política integral enfocada a la formación de los adolescentes. Debe marcar el inicio y ser el impulso de políticas educativas, en el ámbito de la educación pública, enfocadas en educación sexual para menores de edad; debe ir acompañada de  proyectos intersectoriales, las cuales provengan de un trabajo en conjunto del sector educación y salud, para que los adolescentes, sensibilizados e informados, puedan decidir si iniciarse sexualmente o no. Habría que agregar a la sociedad civil organizada, por qué no, para ser parte de la elaboración de esos planes en conjunto que se puedan llevar a cabo en un trabajo intersectorial y en diferentes niveles de gobierno.

En conclusión, el Estado debería asumir un rol educador; buscar que los jóvenes sean responsables de sus decisiones al elegir si iniciarse sexualmente o no a muy temprana edad; pero no decidir por ellos ni asumir un rol paternalista, en el cual el Estado simplemente prohíbe y se pone de espaldas al meollo del problema. El proyecto de ley, que se apoya con este pronunciamiento, no debe ser una acción aislada del Estado, sino que debe marcar, como ya se mencionó anteriormente, el inicio de acciones tanto en el sector educación como en el sector salud. Se debe comenzar una planificación concertada con organizaciones de la sociedad civil organizada y los diferentes niveles de gobierno respecto a esta problemática. El adolescente debe ser libre de decidir si tiene relaciones sexuales o no, pero debe estar informado y tener acceso a los servicios que el Estado ofrece, tanto en educación como en salud, para, así, tomar una decisión responsable.

Proyecto Coherencia

1. Las políticas de Estado deben ser el resultado del diálogo permanente con la sociedad. Las voces de los pueblos indígenas amazónicos deben ser escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de promulgarlas. Los levantamientos protagonizados por comunidades amazónicas en las últimas semanas han sido motivados por leyes que se promulgaron sin consultas ni las consideraciones pertinentes, sin compartir oportunamente información clara y comprensible a través de los medios adecuados. Cabe señalar que estas comunidades arrastran una historia de abusos provocados por agentes nacionales y extranjeros, sin el reconocimiento pleno de sus culturas o las garantías para la justicia y la vida. Los tribunales internacionales consagran el vínculo especial que los pueblos indígenas mantienen entre sus territorios, su cultura y su vida. Por tal motivo, enfatizamos que la población local debe ser partícipe en su conjunto de las decisiones que le atañe directamente, tal como lo reconocen la Constitución peruana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
2. Las empresas tienen derecho a explotar los recursos naturales amazónicos para generar riqueza y crecimiento económico, pero sometidas a una normatividad y regulación que asegure tanto el mantenimiento del medio ambiente cuanto el bienestar de los pueblos indígenas originarios, así como de otros pobladores que comparten el territorio. Estas son condiciones impostergables. No toda la región amazónica es susceptible de explotación, según la legislación peruana. Asimismo, los mecanismos para la sustentabilidad en las zonas forestales, mineras, hidrocarburíferas y de agricultura intensiva tienen que ser monitoreados con rigurosidad y en todo momento por el Estado en todos sus niveles, especialmente en el de los gobiernos regionales y municipales, que deben tener un rol mucho más activo en estos procesos.
3. La solución a los conflictos y la participación en las decisiones de Estado debe lograrse a través de los canales democráticos. Rechazamos la violencia en las acciones, provenga esta de grupos indígenas, fuerzas del Estado u otro actor involucrado en los últimos acontecimientos. La intransigencia y la confrontación radical no son estrategias que nos parezcan válidas para un país democrático, por lo que condenamos que aparenten ser las únicas medidas efectivas para despertar la atención de los gobernantes, así como a organizaciones o dirigentes que incidan en estos comportamientos. En este sentido, la población indígena de la Amazonía debe perseguir una mayor presencia en espacios políticos de representación, desde donde canalizar y concertar las propuestas de sus más de 300 mil habitantes, distribuidos en 51 etnias y 13 familias lingüísticas diferentes, según el Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana del año 2007.
4. Consideramos que la Amazonía es un espacio estratégico para el desarrollo del país. La Amazonía tiene características geográficas, ecológicas y culturales particulares, de trascendencia mundial; pero para su desarrollo es necesaria la implementación de políticas públicas inclusivas, basadas en un enfoque de derechos. En este sentido, deben promoverse, prioritariamente, actividades económicas de menor impacto ambiental y políticas que impulsen el capital humano y los conocimientos locales. Es necesario que instituciones, líderes de opinión y ciudadanos expongamos alternativas que estimulen el debate sobre la problemática actual de esta región y sus habitantes, para no recaer en un silencio que cause arbitrariedades o resentimientos.
5. Un ambiente natural equilibrado será posible en cuanto la sociedad armonice sus intereses  a través del diálogo; el bienestar de todos los peruanos depende también de un vínculo responsable con el ecosistema amazónico

Lima, 18 de mayo de 2009.

Proyecto Coherencia

1. Lo más importante de este proceso no es la condena en sí, sino el mensaje que conlleva. Relevamos el hecho de que un ex presidente pueda ser acusado y juzgado por un tribunal independiente y calificado, guardando el proceso propio de un Estado de Derecho. Nos deja la sensación de que en el Perú es posible impartir Justicia sin importar las condiciones de poder de acusados o acusadores.
2. La sentencia no condena al gobierno fujimorista, sino una serie de hechos ilícitos concretos cometidos por Alberto Fujimori durante su gobierno que atentan contra los Derechos Humanos. El juicio político se enmarca en un terreno distinto al de la resolución judicial. Es importante que la discusión y opinión que cada uno exprese se dé atendiendo esta distinción para no confundir ni generar argumentos falaces. Los medios de comunicación, líderes de opinión y los profesionales del Derecho deben ejercer una posición más docente y orientadora hacia los ciudadanos en ese sentido.
3. El juicio a Alberto Fujimori no ha concluido. Aún quedan pendientes dos procesos importantes: uno en el ámbito jurídico, que se dará con la resolución de la Corte Suprema a la apelación de la defensa del sentenciado; y una segunda en el ámbito político, donde las fuerzas políticas deberán demostrar con ideas y propuestas por qué las acciones realizadas durante el gobierno fujimorista no se enmarcan en la práctica democrática que defendemos.
4. El Perú ha dado un paso en el largo camino de la democracia. La condena a Alberto Fujimori nos demuestra que actos represivos, autoritarios, y sin respeto hacia los derechos fundamentales de todas las personas, son sancionados también en el ámbito judicial. Este precedente sienta una advertencia severa para la actuación de nuestros gobernantes sobre las estrategias de lucha contra el flagelo terrorista. Esta sentencia no puede ser percibida como un aliciente a los execrables crímenes subversivos. La derrota del terrorismo se debió a estrategias de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, así como la participación organizada de sectores de la sociedad civil, acciones totalmente ajenas al asesinato y el secuestro selectivo, hechos por los que Alberto Fujimori deberá purgar condena.

Reconocemos este capítulo como un acto que celebra la justicia y rechaza la impunidad. De nuestra generación depende la construcción de ese país diferente que imaginamos, un Perú coherente.

Lima, 8 de abril de 2009.

El espacio de la educación superior permite recuperar saberes y avances producidos en distintos niveles del sistema, convirtiéndolos en valor agregado, posibilita articular aportes y permite también superar trabas.  Este espacio privilegiado no puede ser precario pues ello ahondará aún más la crisis  educativa que hoy nos aflige y que pone en entredicho los aprendizajes fundamentales de los niños y niñas peruanos.

Estos aprendizajes requieren ser impulsados con nuevos enfoques sustentados en investigaciones nacionales e internacionales, requieren  recuperar  niveles de calidad a  partir de maestros mejor formados en las universidades e institutos pedagógicos, y necesitan ser articulados con  los conocimientos de la ciencia y la tecnología que hoy desarrollan los institutos superiores tecnológicos.

Las instituciones de nivel superior no  constituyen piezas desconectadas entre sí, deben concebirse como parte de un mismo sistema y de un mismo esfuerzo nacional. Tampoco deben concebirse como espacios terminales de educación para la obtención de un título o cartón. Su rol  es por el contrario abrir los tiempos y oportunidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

En un contexto donde  afrontamos los retos de la globalización para producir ciencia y tecnología, para aprovechar la oportunidad de insertarnos mejor en el mundo, en momentos en que el Perú atraviesa una situación económicamente favorable, que nos muestran como un país en crecimiento con indicadores económicos en azul y en alza, el  desafío de remontar  la crisis de la educación superior se torna más urgente. Más aún cuando encontramos un notable desfase entre  la educación básica y la educación superior y los requerimientos del desarrollo nacional. Es no sólo necesario, sino urgente reformar su marco legal e institucional, a fin de promover la mejora de su calidad y el aporte efectivo a la sociedad.

Ello debe hacerse en el marco del Proyecto Educativo Nacional-PEN, asumido por el gobierno como política de Estado, en su quinto objetivo estratégico que señala la importancia de renovar el sistema de Educación Superior, tanto universitario como técnico-profesional, articulado al desarrollo.

Contando ya con la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE, demandamos su efectivo e inmediato funcionamiento, otorgándole la partida presupuestal correspondiente y que la designación de los miembros de sus órganos operadores responda a criterios académicos y profesionales del más alto nivel, como garantía de la idoneidad y autonomía de sus juicios y decisiones en tan delicada función.

La Educación Superior, como lo señala el PEN necesita una articulación más clara, ordenada y racional entre sus distintos componentes, garantizando el ejercicio de la autonomía combinada con un claro sentido de responsabilidad social en el que se fortalezca la formación técnico-profesional; para lo cual es necesario aprobar una Ley General de Educación Superior, que incluya la creación de un órgano rector autónomo que diseñe políticas para el desarrollo de esta etapa  educativa y supervise su implementación.

Manifestamos nuestra honda preocupación por la desactivación de la Comisión para la Acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina-CAFME sin que se haya constituido aún el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Universitaria-CONEAU, que asumirá sus funciones, pues esta situación genera el peligro de apertura indiscriminada de nuevas escuelas y facultades de medicina sin garantía alguna de condiciones mínimas de calidad.  Ante ello, creemos necesario reactivar la CAFME, dada la demora en el inicio del funcionamiento del CONEAU.

Elevar el nivel de la Educación Superior implica la mejora remunerativa de los docentes por tanto debe darse cumplimiento a la Ley de Homologación. Ello sería una señal positiva en relación a la universidad pública, institución que no obstante su importancia para el desarrollo del capital social y humano, se halla totalmente postergada. Corresponde al gobierno asegurar en el Presupuesto General de la República 2008, la partida correspondiente para su cumplimiento.

Lima, 25 de Noviembre de 2007