Con una aprobación del 16% y una desaprobación del 76%, según el último sondeo de opinión de Ipsos Apoyo, Susana Villarán termina su primer año de gestión edil. Atrás quedó aquel 38% que obtuvo frente al 37% de su contendora, Lourdes Flores, en las pasadas elecciones municipales del 2010.  Para la población, los expertos y representantes de los medios de comunicación, era histórico que un partido político de izquierda volviera al poder después de 25 años, teniendo como antecedente la gestión del desaparecido Alfonso Barrantes.

Es evidente que la actual gestión de la alcaldesa nunca gozó de un apoyo constante, especialmente por parte de algunos regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) y ciertos medios de comunicación. Claro, a principio de año, los vecinos de Lima esperaban con mucha expectativa una transformación rápida, el cumplimiento de las promesas de campaña, y el ordenamiento de la ciudad basado en la concepción que el alcalde eficiente es aquel que ejecuta e inaugura obras en forma constante, pero no fue así.

Hoy, cierta parte de la población exige la revocatoria como una iniciativa democrática de participación ciudadana, a través de la cual busca un cambio. El director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), y promotor del proceso de revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, señala que el pedido se basa en el derecho de participación ciudadana que contempla la Constitución, según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Anunciada, pero ¿pertinente?

Para el Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina “el proceso de revocatoria es el último mecanismo frente a una autoridad que no cumple sus funciones y promesas. Se trata de un derecho legítimo de la población que debe ser asumido en forma responsable, pero a veces puede tener un efecto negativo debido que los alcaldes terminan más preocupados por la revocatoria que por su gestión”.

Me preocupa pero,  a la vez, me  genera mucha expectativa  el hecho de utilizar un mecanismo democrático con el objetivo de satisfacer intereses de aquellos grupos que se sienten perjudicados por las medidas tomadas por la burgomaestre; sin embargo, ello también puede generar algo turbio e incluso nefasto para la democracia. En cualquier caso, urge que la población conozca la posición y estrategia que empleará la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante este 2012.

Respondiendo a mi pregunta, considero que el mecanismo democrático de la revocatoria municipal estaría siendo manipulado al punto de convertirse en un instrumento de chantaje político.

Pongámonos en el caso hipotético que se logren obtener las 400 mil firmas que se requiere para revocar a la alcaldesa, es decir, la mitad más uno de los votos válidos. Esto generaría inestabilidad política y la paralización de la gestión, así como incertidumbre por parte de los inversionistas. Asimismo, las obras proyectadas y programadas se quedarían paralizadas hasta nuevo aviso. Debe considerarse también que el proceso de transferencia para la asunción de la nueva autoridad seria lento y que el sucesor seria el Teniente Alcalde, es decir, un miembro del mismo  partido político que logró la alcaldía.

¿No hace nada?

Cabe recordar que la gestión de Susana Villarán se caracteriza por darle énfasis al cumplimiento de las principales propuestas de campaña, destacando la fiscalización y auditoria a la gestión de Luis Castañeda, por el caso Comunicore, tener una política de transparencia municipal, recuperación y peatonalización del centro histórico a través el programa Lima Camina, la difusión de la cultura a nivel interdistrital como los programas “Cultura Viva” y “Vamos al Museo”, actividades recreativas y deportivas como “Muévete Lima”, la  creación de un espacio recreativo para los vecinos mediante el “Programa Ciclodía”, y el reordenamiento vehicular de las avenidas  Abancay y  Túpac Amaru, entre otros. Pero si existen obras y avances en la gestión municipal, ¿por qué el bajo nivel de aceptación a favor de la burgomaestre?

Para el politólogo Martín Tanaka, el bajo nivel de aceptación se debe a los problemas de comunicación con la población, así como a la forma en que proyecta su imagen ante los medios. Además, el municipio tuvo que dedicarse a ordenar una administración heredada muy caótica e ineficiente, para hacer buenos diagnósticos y planes y diseñar mejores políticas, de modo que la desaprobación está relacionada no tanto con la ausencia de obras como con un estilo de gestión.

Alberto Vergara sostiene que la mala relación con los medios de comunicación crea una imagen negativa de su gestión y de su persona. Vergara plantea que entre la gestión pública y la relación con los medios gravita el mundo de la política, el de las decisiones y estrategias decididas a puerta cerrada. Ese espacio es el que no ha funcionado. Además, manifiesta que no solo basta con ser tecnócrata y transparente, sino que hace falta un plan político.

Puntos débiles

Concuerdo en dos aspectos  fundamentales tanto con Tanaka como con Vergara; en primer lugar, respecto a la falta de una estrategia comunicacional que logre difundir las obras, los avances y el contacto con la población y; segundo, en lo relativo a la falta de capacidad de gestión, que es evidente en la administración pública en general, más allá del ámbito municipal, y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo como consecuencia de la falta de un verdadera reforma del Estado.

Me atrevo a decir que los cambios constantes de gerentes y subgerentes durante el primer año de la gestión municipal de Susana Villarán le jugaron una mala pasada debido a que, al asumir sus funciones, los nuevos funcionarios públicos demoraban en adaptarse al sistema, y los programas y proyectos ya aprobados quedaban archivados o paralizados. Además, el despido masivo de trabajadores de la gestión anterior debilitó a la MML, dado que ellos eran la estructura administrativa que conocía a fondo cómo se encontraba la entidad edil.

Finalmente, me quedo con una frase de Marco Sifuentes: “La idea de una “Lima para todos” es muy bonita, pero no tanto si esos “todos” no sienten que la alcaldesa esté trabajando. No se puede hacer pedagogía política si no tienes capital político. No se empieza a construir una casa por el techo. No se empieza a arreglar una playa con la arena. Susana ha tenido todo un año para entender esto y, parece que aún no se da cuenta. Bueno, pues, ahora tiene hasta setiembre”.

Roger Luna, politólogo y miembro de Gobierno Coherente

Fuente:

Diario La República
http://www.larepublica.pe/15-01-2012/ipsos-apoyo-solo-el-16-de-limenos-aprueba-la-gestion-de-susana-villaran

Diario El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/1350081/noticia-casi-mitad-limenos-no-sabe-reordenamiento-av-abancay

Diario La República
http://www.larepublica.pe/29-12-2011/transparencia-pide-usar-proceso-de-revocatoria-con-responsabilidad

Diario La República
http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/la-desaprobacion-susana-villaran-22-10-2011

SUSANA VILLARÁN: SIETE ENSAYOS Por Alberto Vergara Paniagua (Revista Poder 360°)
http://www.larepublica.pe/27-12-2011/alberto-vergara-susana-villaran-como-ruperta-el-santo-se-le-ha-volteado

Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos
http://www.limacomovamos.org/noticias/lima_se_despide_del_2011

Diario Perú21
http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2012/01/why-susy-why.html

Imagen tomada de maxaguirre.blogspot.com

Es difícil cruzártelos pero es muy fácil reconocerlos.  Están entregados a mejorar la vida de los demás y conocen –casi como padres- a aquellos que reciben los beneficios de sus súper poderes. Comparten esa pasión que los impulsa a tocar  con vehemencia – a veces por décadas- las puertas del Estado para que sus proyectos escalen  y beneficien a más personas. En este artículo comparto un retazo de la obra de Jesús Herrero, Coordinador Nacional de Fe y Alegría y de David Baumann, Director Ejecutivo de ProRural, para que ratifiquen conmigo mi sospecha de adulta: los héroes no solo están en las historietas.

Conocí a Jesús entre los oficios y memorandos que intercambiaba con el Ministerio de Educación para garantizar la asignación de profesores a los colegios de Fe y Alegría (FyA). Y es que en el marco de un convenio con el Estado que la calificaba como “educación pública de gestión privada”, FyA  se encarga de la prestación del servicio educativo y el Estado de financiar a los profesores.

Jesús, como un niño, luego de muchas correrías para asegurar el funcionamiento de sus colegios, nunca pierde la capacidad de asombro cuando más de una vez el Estado le pide que abra colegios pero no le asigna las plazas para que funcionen. En esa oportunidad, andaba angustiado porque hacía algunos años había destinado recursos de la cooperación española a la construcción de un Instituto Tecnológico y el flamante edificio, y sus máquinas no estaban en uso porque no contaba con los profesores. Tenía casi dos años en este embrollo y con algo de picardía me decía: “tendré que ponerle ruedas al edificio y enviarlo a España”.

Tuve la oportunidad de conocerlo fuera de las oficinas. Me encontré con un jesuita español que con un cariño paternal conoce la historia de cada colegio abierto en el Perú -por más recóndito que se encuentre- y muestra orgulloso los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje de sus alumnos. Un verdadero reto a la educación pública, ya que con la misma materia prima (profesores) logra mejores resultados[1]. El secreto del éxito es para mí la pasión y entrega de la comunidad de FyA a mejorar la educación de los niños que reciben en sus aulas. Recuerdo con especial cariño una conversación donde me dijo: “si no se tienen sueños, no se llega a ningún sitio”. Se refería al sueño que tenía el jesuita José María Velaz -cuando decidió hace 45 años abrir el primer colegio en Perú- de algún día atender a miles de alumnos. Hoy FyA cuenta con  78 centros educativos que atienden a casi 84 mil niños y niñas.

Además de los encuentros personales con Jesús, ahora tengo la oportunidad de compartir reuniones de trabajo con él como Presidente del Consejo Nacional de Educación. Se suma a su pasión por mejorar la calidad de la educación, el conocimiento de estar en la “cancha” resolviendo problemas diarios en la gestión de sus colegios, lo que determina sin lugar a dudas que su apoyo al diseño y gestión de políticas públicas educativas sea invalorable.

Hoy tuve la oportunidad de conocer a otro héroe silencioso: David Baumann. Percibí  inmediatamente sus súper poderes. Al igual que en el caso de Jesús, no es raro haberlo conocido en una reunión de trabajo (en una oficina del sector público), porque los héroes del silencio siempre ponen sus proyectos a disposición del Estado. David es el Director Ejecutivo de ProRural, una organización que impulsa el desarrollo de Centros Rurales en Alternancia.

La educación alternancia, como lo dice David con mucha humildad, es una alternativa para la provisión de educación secundaria en áreas rurales, que se caracteriza por baja cobertura en el acceso, tasas de deserción elevadas y mucho rezago respecto a las áreas urbanas en términos de logros de aprendizaje de los estudiantes. En términos básicos, la prestación del servicio se realiza con una alternancia de quince días en el hogar y quince días en un internado. Hoy ProRural cuenta con 45 centros educativos que atienden a casi 3,000 jóvenes de zonas rurales y David está dispuesto a poner al servicio del Ministerio de Educación su experiencia para que pueda replicarse.

Conozco los proyectos de Jesús y David, y estoy convencida de que hay muchos más héroes silenciosos que trabajan todos los días para mejorar la educación en el país. ¿Por qué entonces estas exitosas experiencias no se sistematizan en la educación pública? Más que el desinterés de un funcionario de turno, considero que un obstáculo para su implantación es que el Estado no ha logrado desarrollar las asociaciones público-privadas en el sistema educativo. Hay algunas reglas escritas que viabilizan, por ejemplo, la educación pública de gestión privada, pero todavía existen muchas nubes grises por aclarar. Esperamos que la nueva gestión tome las riendas del asunto para que los esfuerzos admirables de Jesús, David y otros héroes silenciosos puedan escalar su impacto.

El gerente: “¡Les he construido una posta con todos los equipos médicos! Ganamos el premio a la ecoeficiencia del ministerio y hemos invertido en adecuar nuestro reporte de sostenibilidad a los mejores estándares internacionales. No entendemos por qué la directiva de la comunidad nos ha abierto un proceso penal, según ellos por contaminación ambiental. Y tremendo episodio el día de ayer: niños tirando piedras en la puerta de la empresa. ¡Eso será visto por nuestros clientes en el extranjero!”

El presidente de la directiva de la comunidad: “Nos pusieron la posta médica y equipos, y lo agradecemos, pero no hay un buen doctor que quiera venir hasta acá. Ellos están haciendo plata acá y contaminando. Es lo mínimo que pueden dejar, ¿no? Lo que más nos molesta es que vienen con todos sus datos técnicos de mediciones medioambientales y a mí nadie me va a quitar la idea de que el agua se ve rara y que eso afecta a nuestros hijos. Estamos hartos de los abusos de las empresas, pero ahora no nos vamos a dejar ganar”.

¿Cómo haríamos?

Son evidentes las consecuencias positivas que ha traído el boom de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en nuestro país, pues tenemos un empresariado despertando la consciencia de la importancia de medir los efectos sociales de sus decisiones de negocio y con una visión cada vez más clara respecto a la conveniencia de plantear escenarios ganar-ganar con sus comunidades aledañas. Sin embargo, es evidente que esto no ha sido suficiente para contrarrestar la creciente conflictividad social en la que vivimos, y no solo porque no hayan sido lo suficientemente rápidos o integrales en sus abordajes sino porque las principales causas de la alta conflictividad social del país, escapan de sus manos.

La principal razón que ha generado el incremento tan sustancial en las manifestaciones de conflictividad social es un Estado desfragmentado que, sin definir aún su propio proceso de descentralización, saliendo del duro golpe recibido por la violencia política y encontrándose en pleno proceso de consolidación democrática, decide adoptar un modelo económico que genera un crecimiento tal que nos coloca entre las 10 economías de mayor crecimiento en el mundo.

Esta fragmentación interna, sumada a la falta de voluntad política de instaurar la soñada política de diálogo y concertación declarada en nuestro Acuerdo Nacional, limita la posible coordinación entre las distintas instancias de gobierno para la definición de estrategias alineadas que permitan encausar adecuadamente las demandas sociales, por lo que se opta por atender la conflictividad social en el “bombero style” y el único desarrollo que identificamos en los últimos años es que este equipo de bomberos, simplemente, creció un poco. Y es aquí donde se instaura nuestra maldición y paradigma: la “cultura de la contención”. Bajo este paradigma se pretende resolver “facilito” los problemas que requieren redefiniciones y cambios estructurales en las políticas de Estado. Ante tanto problema, se opta por “comprar paz” con acuerdos insostenibles que apalancan aprobaciones engañosas. ¿Qué puede hacer distinto entonces el empresariado para lograr viabilizar sus proyectos de negocio en paz?

1. Quitarse el sombrero del Estado y ponérselo al Estado

Ante la notoria “ausencia del Estado” la empresa asume el protagonismo y, con el fin de viabilizar sus operaciones, peca asumiendo el rol de aquel, generando dependencias ante la presión social de cubrir necesidades básicas. Al construir un hospital valorizado en el 60% de la pérdida que generaría un día de paralización de las operaciones, se podría decir que la empresa está haciendo un buen negocio al proteger ese 40% de diferencial y, adicionalmente, comprar tiempo de “operación en paz” al generar mano de obra local para la construcción, sumado a la beneficiosa sensación social de que se está “dejando obra”. Pero no solo ocurre que hacer un hospital es labor del Estado, sino que construir infraestructura no necesariamente construye necesariamente relaciones de confianza, vitales para llegar a acuerdos sostenibles. La recomendación concreta es dejar de arrogarse el rol del Estado y, en cambio, apoyarlo a fortalecer capacidades de gestión transparente, diálogo, comunicación y negociación en sus distintas instancias, priorizando las instancias locales, pues están más en contacto con los actores de los conflictos.

2. Desarrollar afectos y gestionar emociones

Todas las decisiones que tomamos son esencialmente emocionales. Por ello, es vital construir relaciones de confianza, conocerse, entenderse y desarrollar afectos entre la empresa y su entorno y fomentar las buenas relaciones entre los distintos grupos de interés local; es decir, construir capital reputacional, que garantiza que por más que las “papas quemen” hay claridad respecto a quién es tu interlocutor. Otro punto esencial es marcar la sustancial diferencia entre “comprar paz” y “construir paz”. Esto último implica un trabajo compartido, involucra a las personas en construir consensos y crear lazos sociales sólidos.

3. Transformar el paradigma de la contención

Las áreas de gestión social o relacionamiento comunitario necesitan estar más alineadas a las áreas de operaciones para poder prever contingencias sociales, conocer más el negocio y asumir un rol más de servicio al área de operaciones, para que cada proyecto priorizado obedezca a cuidar la sostenibilidad del negocio. Las empresas que vienen haciendo esto tienen mejores resultados con su entorno, pues son capaces de medir impactos, respetar y armonizar los ritmos sociales a los industriales, proyectar escenarios, y generar y compartir la información oportuna respecto a las intenciones de desarrollo del negocio que involucren espacios y uso de recursos naturales comunes con otros.

Una gestión social eficiente busca enfocarse en analizar las causas que generan los conflictos y no solo en contener las manifestaciones de estos, ya que es muy probable que estos rebroten ante el mínimo estímulo. Por ejemplo, es más efectivo, ante una denuncia de contaminación, entender de dónde deriva esa percepción y resolverla antes que hacer un suntuoso aporte a un colegio local. Pero, aunque esto suene obvio, hay empresas que aún optan por construir aulas antes que hacerse cargo de revisar el porqué de las percepciones. La ruta principal es innovar para desarrollar un sentido común en la política de gestión social de la empresa que nos dirija hacia la sostenibilidad, asumiendo los actos heroicos necesarios para instaurar paradigmas que permitan el crecimiento con inclusión.

Artículo publicado en la Revista G de Gestión: Agosto 2011 Nº 9.

El 30 de agosto último, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto 2012 para su aprobación. La asignación es consistente con las prioridades planteadas por el Premier en la presentación que realizó días antes para ganar el voto de confianza del Congreso. Alineadas la voluntad política y la asignación de recursos públicos, el reto estará en la capacidad operativa de sectores como el de Educación y Salud –cuyo presupuesto creció en más de 20%-  para diseñar e implementar intervenciones eficaces en el camino a la tan añorada inclusión social.

Primer paso: El tamaño de la torta o presupuesto total. En línea con las proyecciones económicas planteadas en el “Marco Macroeconómico Mulltianual” y los lineamientos de política fiscal, el tamaño de la torta se ha definido tomando en consideración los supuestos de un crecimiento real de 6% del Producto Bruto Interno y una meta de supéravit fiscal de 1%. También se ha considerado tomar precauciones frente al incierto escenario internacional. Con estos criterios, el presupuesto 2012 asciende a S/. 95,535 millones, lo que representa un crecimiento de 5% en términos reales, en relación al presupuesto 2011.

Segundo paso: Los ingredientes principales o la distribución por el tipo de gasto. El 58% de los recursos del presupuesto están destinados a gastos corrientes, es decir, aquellos que financian la operatividad de los bienes y servicios públicos –como el pago de planillas, gastos de mantenimiento o gastos administrativos- mientras que un 27% está destinado a gastos de capital, vale decir, los que están destinados a ampliar o mejorar la oferta de bienes y servicios públicos.

Por ejemplo, los recursos para  proyectos de inversión pública forman parte del gasto de capital y con respecto al presupuesto 2011, han experimentado un crecimiento de 17%. El 15% restante, se destina al pago del servicio de deuda, a los Fondos Especiales (como los Programas de Incentivos Municipales) y a la Reserva de Contingencia.

Tercer paso: Las prioridades de asignación o cortando la torta. En línea con las prioridades de lo que significa una efectiva inclusión social, la asignación ha priorizado las intervenciones de educación y de salud, relacionadas a la construcción de capital humano. Y es que, el 43% de la torta –sin considerar los recursos destinados al pago de pensiones, servicio de deuda y contingencias,  está asignado a intervenciones del sector social.

En la medida que la acumulación del capital humano es un proceso dinámico a lo largo de la vida de un individuo; y donde las  etapas son críticas para la formación en las fases posteriores, los recursos para intervenciones en lo que se denomina “primera infancia” bordean casi los S/. 5,300 millones.

Las intervenciones más relevantes en la primera infancia son: S/. 1,400 millones para el Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal y S/. 1,607 millones para el Programa Articulado Nutricional, asignaciones que marcan el inicio del camino hacia las metas al 2016 del nuevo gobierno respecto a la desnutrición crónica y a la mortalidad neonatal e infantil.

Así, con los recursos asignados a los productos propios de estos programas –vale decir, vacunas completas, controles de crecimiento y desarrollo (CRED), o partos institucionales- se espera contribuir a reducir -para el 2012- la desnutrición crónica de 18% a 16%; la mortalidad neonatal (por cada 1,000 nacidos vivos) de 11 a 10; y, la mortalidad infantil (por cada 1,000 nacidos vivos) de 18 a 16.

En cuanto a los recursos para educación, se ha destinado S/. 935 millones para incrementar la cobertura de educación inicial -entre niños de 3 a 5 años- en 4 puntos porcentuales, alcanzando así el 77% a fines del 2012. Además, se cuenta con S/. 190 millones para el programa “Cuna Más”, que si bien está pendiente terminar de delinear el diseño técnico del mismo, se podría beneficiar a casi 69 mil niños, de entre 0 a 2 años de edad.

El camino hacia la mejora de los logros de aprendizaje en inicial, primaria y secundaria cuenta con aproximadamente S/. 9,000 millones, los mismos que servirán para alcanzar las metas del 2016 de 44% en matemática y de 50% en comunicación; menudo reto si consideramos que actualmente los logros alcanzan el 14% y 29%, respectivamente.

Además de los esfuerzos a los que se ha comprometido la nueva gestión a fin que los materiales educativos lleguen oportunamente, así como para que la infraestructura de escuelas rurales esté en mejores condiciones y los programas de especialización docente sean coherentes. En este sentido, el Ministerio de Educación cuenta con recursos para diseñar estrategias de intervención, con énfasis en reducir las brechas de rendimiento en áreas urbanas y rurales. Así, entre las diversas acciones, se contempla la formulación del Plan de Educación Interbilingue, así como la implementación de una “Unidad de Gestión de la Carrera Pública Magisterial” y la evaluación de aprendizajes (donde se considera la participación del Perú en la conocida prueba PISA).

Los jóvenes también son beneficiarios de este presupuesto. A modo de ejemplo, “Beca 18” (que absorbe al programa Becas Bicentenario de la República) cuenta con S/. 136 millones para entregar hasta 5,000 becas a jóvenes de escasos recursos para estudios en universidades e institutos acreditados. Asimismo, “Jóvenes a la Obra” (antes PROJOVEN) cuenta con casi S/. 24 millones para ser destinados a la capacitación de jóvenes de escasos recursos.

Además, se debe mencionar que la asignación al sector social también contempla recursos para la ampliación a 210 distritos de “Juntos” y la subvención mensual de S/. 125 a más de 160 mil adultos mayores a través del programa “Pensión 65”.

El entorno para iniciar el camino hacia la inclusión total es favorable. Al menos, se percibe la voluntad política para ello, materializada en la propuesta del Ejecutivo para la asignación de recursos para el año 2012. El siguiente paso -y, quizás más relevante en la eficacia de la estrategia- será el liderazgo del Presidente y del Gabinete de Asesores, que deberán dar espacio a la definición técnica de las estrategias y confiar la implementación a gerentes y equipos técnicos calificados. También se necesita una opinión pública que se preocupe menos en el “look” de Nadine y más, en cambio, en exigir la rendición de cuentas y logro de resultados.

Cuando uno anuncia que deja un prestigioso estudio de abogados para migrar al sector público, casi todos te dicen: “Estás loco”. “Vas a lidiar con la burocracia, la falta de recursos, en oficinas horribles del Centro de Lima, ganándote una gastritis crónica, para que encima te lluevan las críticas”, me advertían. Ahora puedo decir, por mi experiencia, que trabajar en el sector público es una de las vivencias más valiosas y enriquecedoras por la que todo profesional debería pasar, no importa el color político.

Las cosas no son fáciles, pero en ese mundo caótico de las oficinas del Estado que a veces tienen más de prejuicio que otra cosa, uno aprende a mirar las dificultades desde una óptica más amplia, menos individualista. Se aprende a conocer las presiones políticas, a veces ajenas al trabajo técnico, a familiarizarse con un lenguaje distinto, a tomar riesgos y a buscar soluciones ingeniosas cuando es urgente encontrarlas con la enorme responsabilidad de que esas decisiones no te afectarán a ti, sino a muchas personas que ni conoces. No hay mejor manera de sumergirse en el Perú real que trabajando para el Estado. Ahí uno aprende, sobre todo, a sortear los obstáculos de una sociedad cargada de problemas que no tienen solución fácil ni rápida, por mucha que sea la indignación y la impaciencia de la ciudadanía.

Hay mucho espacio, aún, para formar una nueva generación de profesionales, egresados de las mejores universidades, a veces con formación en el extranjero y que regresan por una fuerte convicción de trabajar como servidores públicos, con un perfil más técnico y una actitud radicalmente distinta al estereotipo del burócrata que a veces subsiste en el imaginario colectivo. Es una opción –una obligación, diríamos algunos– que los nuevos profesionales dejen por un tiempo sus exitosas carreras en bancos de inversión, consultoras o empresas privadas y asuman el reto del trabajo público. Es necesario, al menos por un tiempo, inyectar a lo público una visión más moderna y eficiente que busque resultados concretos, con la enorme satisfacción de trabajar por el bien común.

Sin duda es un atractivo reto trabajar en el sector público, porque es ahí donde se determina el rumbo del país; donde se dan las condiciones para su desarrollo y crecimiento. Es contribuir al cambio y construir el futuro. Por eso, es importante generar las condiciones y los incentivos para que los profesionales más destacados se vean seducidos por esta alternativa. Para lograrlo, el sector público debe volverse más competitivo y un lugar más atractivo para desarrollarse profesionalmente.

Quienes ahora trabajamos para el Estado, es probable que algún día retornemos al sector privado, pero nuestra visión no será la misma. Habremos acumulado conocimientos, experiencias y frustraciones que seguramente amortiguarán la perspectiva siempre parcial e incompleta que traíamos antes de insertarnos en el mundo burocrático. Retornaremos a esos espacios más fogueados, mejor preparados y, sobre todo, con más sensibilidad para lidiar con los temas de la empresa en el mundo de hoy con una visión más humana.

Los jóvenes que servimos al país desde la arena pública queremos que el Estado funcione. Que sea fuerte y efectivo, que respete los procesos y genere resultados. Participamos en la gestión pública, porque creemos que no basta con exigirles a los gobiernos eficiencia, justicia, igualdad y prosperidad. Hay que involucrarnos y trabajar para lograrlo.

(*) Publicado en El Comercio el jueves 28 de julio de 2011

Por más antipáticas que parezcan, las reglas fiscales nos permiten mantener el equilibrio fiscal del estado, lo que muchas veces se traduce en un antipático NO a las iniciativas de gasto.

Nunca había sentido de manera más real la angustia que genera aquella frase que escuchas en la primera clase de economía: “los recursos son escasos y las necesidades son infinitas” hasta que participé en la formulación del presupuesto del sector público.  

No me referiré ni siquiera a las matices y complicaciones en el plano político que genera la discusión de asignación de recursos entre sectores del gobierno nacional (si le asignas más recursos al Ministerio de Defensa, ¿a quién le quitas?), entre niveles de gobierno –la caracterización del “centralismo” es muy práctico cuando se construyen los gráficos que muestran cómo se distribuye la torta entre el gobierno central y los subnacionales- y, por si fuera poco, entre poderes del Estado (porque es el Congreso quien finalmente aprueba la propuesta del Ejecutivo).

Me referiré a la aparentemente sencilla definición del tamaño de la torta. Digo sencilla, porque los parámetros ya están establecidos, y son las reglas fiscales. Ciertamente, la formulación del presupuesto público para el año 2011 considera tres reglas: i) el límite máximo de crecimiento del gasto de consumo no puede exceder a  4% en términos reales en el 2011-2013, ii) el déficit fiscal no debe ser mayor a 1% del PBI y, iii) la conveniente regla en periodo electoral que determina que la ejecución del presupuesto (sin considerar el pago de la deuda) en los primeros siete meses del año no puede ser mayor a 60%.  

Por más antipáticas que parezcan las reglas de juego, estas permiten mantener el equilibrio fiscal del país, que lo buscamos también en nuestros hogares, cuando no queremos gastar más dinero del que podemos generar (de lo contrario, las consecuencias serían catastróficas). Estas reglas son las que procuran también que como Estado guardemos pan para mayo o para las “vacas flacas”; sin mencionar por supuesto la relación entre el gasto público y otras variables macroeconómicas como la inflación.

Con estas reglas como marco y otras supuestos y consideraciones macroeconómicas -que están disponibles en el Marco Macroeconómico Multianual en la web del MEF, documento considerado por muchos como la única declaración de política explícita con que cuenta el gobierno- se definió que el proyecto de presupuesto para el 2011 ascendía a S/. 88,461 millones. Ese es el tamaño de la torta, el pastel de donde tienen que comer 28 sectores del gobierno nacional, 26 gobiernos regionales y 1,814 gobiernos locales. Si hacemos un cálculo simple y quisiéramos cumplir con la meta de lograr que el gasto en educación alcance el 6% del PBI en el 2011 (es importante recalcar que actualmente es 3.1% y que la idea es llegar a ese nivel progresivamente y no de un año para otro como sugerían algunos congresistas durante la discusiones en el Pleno), tendríamos que darle la tercera parte de la torta a ese sector y repartir el resto entre los demás comensales; lo que implicaría más de un NO a sus demandas de gasto.

En este contexto, además de mantener la convicción de que lo fundamental son los resultados que se alcancen con los recursos y no el monto que se otorgue, creo que es importante reconocer las limitaciones que podría encontrar un proyecto político cuando tome las riendas del país si es que no ha diseñado correctamente las intervenciones y ha reflexionado sobre su viabilidad presupuestal. Para no seguir generando desconfianza en un país que se vuelve cada vez más incrédulo sobre las propuestas políticas, que terminan siendo solo declaraciones de intención.  Ciertamente, y sin ánimos de caer en determinismos, muchos temas sensibles de la agenda política están relacionados a una decisión presupuestal, como el pago a los FONAVISTAS o la Reforma de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Entonces, ante recursos escasos y necesidades infinitas, necesitamos claridad y consenso sobre las prioridades del país, proyectos políticos que analicen la viabilidad presupuestal de sus propuestas y un equipo impopular que siga velando por el cumplimiento de las reglas fiscales.

En la actual coyuntura de las elecciones municipales que se avecinan en Lima, han salido a relucir diversos compromisos y propuestas relacionados a mejorar la transparencia y a disminuir la corrupción en la gestión edil. Es así que uno ha podido escuchar compromisos como abrir todas las cuentas de la municipalidad para que el ciudadano tenga confianza sobre la gestión municipal y, así, pueda ejercer control sobre éstas.

Asimismo, se han escuchado propuestas de los candidatos en realizar una gestión clara y transparente; en rendir cuentas a los limeños mediante medios como la televisión o el internet; o implantar un software para permitir un seguimiento en línea de toda clase de trámites administrativos, de contratos y de obras. Es decir, las ofertas para mejorar la transparencia municipal abundan y parece que los ciudadanos podemos estar tranquilos. Sin embargo, ya que todos los candidatos municipales dan muestras de estar de acuerdo en que la transparencia es fundamental para una buena gestión pública, es necesario analizar si el rendir cuentas es suficiente para frenar la corrupción y lograr una gestión municipal efectiva.

Lo que se propone a continuación es, en primer lugar, presentar el por qué de la importancia de la rendición de cuentas; para qué es que surge. Luego, presentar una serie de factores que se consideran importantes para que la transparencia sea una herramienta clave en una provisión efectiva de servicios; y, por último, ver si es que esos elementos esenciales que deben acompañar a la rendición de cuentas han sido tomados en cuenta por los candidatos municipales.

El sistema de rendición de cuentas y la extensión de la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas sociales, como la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), surgieron en el año 2000 para poner fin al mal manejo de los recursos públicos y a su mala distribución en la población. Se quería dar conocimiento a los ciudadanos de cómo es que eran utilizados los recursos que se recaudaban para, así, darle cierta legitimidad a la gestión pública; es decir, se volvió un derecho para el ciudadano el acceso a la información. Por lo tanto, estos mecanismos que se han promovido buscan frenar el mal uso de los recursos públicos y que su uso pueda ser revisado por la ciudadanía, al ser estos últimos el eje de las políticas.

Es importante mencionar que, con lo mencionado en líneas anteriores, se buscaba fortalecer, y se debe seguir buscando, el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. Sin embargo, a pesar de haberse logrado grandes avances en la transparencia de varios niveles de gobierno, la calidad de la entrega de los servicios o la capacidad de entregarlos aún no han mostrado mejoras. Es verdad que ahora la ciudadanía puede ser más consciente del uso que se le están dando a los recursos públicos en tan solo un “click”, no obstante, esto no ha garantizado que la prestación de servicios o la entrega de obras, por parte del gobierno central o municipal, se den de manera efectiva y puedan satisfacer las necesidades de la población. En otras palabras, aún hay una gran brecha entre rendición de cuentas y provisión efectiva de servicios.

Es así que para reducir esta brecha hay que, en primer lugar, incentivar la participación ciudadana tanto en el monitoreo activo como en la constante demanda de rendición de cuentas sobre los gastos sociales que se están produciendo, además de cómo es que los bienes o servicios públicos están siendo entregados. Debe incentivarse a la ciudadanía para que demande el cumplimiento de ciertos estándares de calidad en la provisión de servicios y deje de ser un ente pasivo que simplemente vea las cifras que se muestran en el portal web de cualquier entidad estatal. Asimismo, para que la información presentada a la ciudadanía sea una herramienta útil para el monitoreo de las acciones de entidades como las municipales, ésta debe ser amigable, fácil de leer y de analizar; que sea oportuna y fácil de acceder. En esa misma línea, la información debe ser acorde a las necesidades que tiene un poblador en su comunidad. Esto debe estar de cajón en esa rendición de cuentas. Una cosa adicional sería que, al tener una participación activa de la ciudadanía en el monitoreo, haya una evaluación de los resultados que se hayan podido obtener en la entrega de los servicios por parte del gobierno central, regional o local; ver qué tan bien se ha realizado la entrega de acuerdo a los estándares de calidad que se habían establecido. Esta evaluación podría ser esencial para que haya una especie de retroalimentación sistemática y, así, poder utilizar, como insumos, las apreciaciones de los ciudadanos en la mejora del accionar municipal.

Ahora, ¿usted ha escuchado que los candidatos hablen sobre posibles factores que permitirían a los ciudadanos monitorear y evaluar el desempeño de la prestación de servicios de la municipalidad?, ¿se ha hablado u ofrecido algo respeto a fomentar la participación ciudadana en todo el ciclo o fases de las políticas públicas y no quedarse solo en el diseño?, ¿se ha dicho algo sobre la implementación de un sistema de retroalimentación, a partir de la participación activa de la ciudadanía, para mejorar la provisión de servicios por parte de la gestión edil? Espero que esta exposición pueda servirle como herramienta para analizar las propuestas de los candidatos municipales respecto a la mejora en transparencia y freno a la corrupción para poder emitir un voto consciente.

Imagínese que llega a un acuerdo con su esposo/esposa: uno trabajará y generará ingresos y el otro se encargará de la gestión del hogar y cuidado de los hijos. Imagínese también que, por el buen desempeño en el trabajo, le aumentan el sueldo y –cumpliendo con el acuerdo- traslada este aumento a su pareja, para que lo dedique al hogar y a los hijos.  Al final de cada mes, qué preferiría: ¿que su cónyuge le diga que gastó  gran parte del dinero o que le dijera cómo esa plata ha mejorado su nivel de vida? Es decir, que le dijera que con el aumento de sueldo vacunó a sus hijos contra la influenza y que compró vitaminas para darles, por eso ya no se enferman tanto. 

¿Suena lógico? Entonces traslademos esta forma de pensar a los recursos públicos. El Congresista Eguren, con muy buena intención, publica mensualmente un ránking del nivel de ejecución de las entidades públicas. Pero no nos acostumbremos a que este indicador sea el que nos sugiera cómo es una gestión. ¿Quién es más eficiente? El que gastó todo su presupuesto o el que logró que los habitantes de su localidad tengan agua. Ciertamente, es más condenable que un gobierno regional o local no haya mejorado significativamente la calidad de vida de la población recibiendo crecientes recursos por el canon (por ejemplo, el Gobierno Regional de Ancash, que tiene un presupuesto en el 2010 que duplica al del Poder Judicial).

Los congresistas también deberían adoptar esta forma de pensar. Durante la sustentación del Proyecto de Presupuesto para el año 2011 se hacía referencia a una cifra mágica: que el gasto de educación alcance el 6% del PBI (actualmente alcanza alrededor del 3%). Con esto no quiero decir que no aumentemos los recursos para la educación, sino que nos comprometamos con un resultado. Que se exija, por ejemplo, revertir agresivamente los pobres resultados de la evaluación censal de estudiantes del  2009 que arrojan que el porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria que alcanzó el nivel esperado de aprendizaje en la prueba de comprensión lectora es de 23.1 mientras que en el caso de la prueba de matemática es de solo 13.5. También desterremos la idea de que más plata nos lleva a mejores resultados. ¿O alguien nos garantiza que los S/. 80 millones más que se destinarán el próximo año a intervenciones en la zona del VRAE necesariamente van a fortalecer el orden público y las condiciones de vida (sobre todo la seguridad) de la población?

Así que el próximo año, cuando el APRA realice un balance de su gobierno y entregue el mando, no nos dejemos impresionar con las cifras desbordantes del crecimiento del presupuesto o de la inversión pública, sino preguntemos cómo esos recursos contribuyeron a reducir la desnutrición crónica o en cuánto creció la población rural con acceso a luz y agua.

¿Aumentamos el sueldo de los maestros? ¿Construimos el Museo de la Memoria? ¿Reponemos los depreciados tanques militares?… El Presupuesto Público es mucho más que la agregación de los costos en que incurren las distintas entidades del Estado;  es un medio tangible para  “leer”  las prioridades del gobierno de turno. A continuación, algunas sugerencias a tomar en cuenta cuando revisemos las cifras del Presupuesto Público peruano.

1. Un juego de suma cero. En términos netamente presupuestales, un sol más en defensa, es un sol menos para educación; un sol más en salud es un sol menos en transporte. Esto requiere que quienes  pretendan gerenciar el Estado (y sus recursos) tengan la capacidad de leer las necesidades de sus ciudadanos y plasmarlas en planes estratégicos, que otorguen cierto “orden” de prelación a las insaciables necesidades del país, que deben ser financiadas con los escasos recursos públicos.
2. De intenciones a acciones.  El Pacto Social o FORSUR son apuestas del gobierno de turno con intenciones nobles pero que han alcanzado poco impacto. Y es que la implementación de las intervenciones del Estado va más allá de elegir nombres que vendan o lanzamientos en la prensa. Las intervenciones del Estado tienen que estar correctamente planificadas: con una adecuada definición de objetivos y de población beneficiaria, con una lúcida identificación de las acciones  que llevarían a los resultados buscados e identificación de los instrumentos para medir los avances. Y es que –por impaciencia o por inocencia- se tiende a creer que con asegurar los recursos para determina intervención hemos garantizado su éxito.
3. ¿Más plata, mejores resultados? Prueba más concreta de esto lo demuestra el sector educación, ámbito de la intervención del estado que debe ser una prioridad nacional. Y es que a pesar del crecimiento de 125% que ha experimentado el presupuesto del sector en los últimos 10 años, los resultados de las evaluaciones en comprensión lectora y razonamiento matemático de los alumnos de la educación pública son bastante pobres. Con esto quiero decir que exijamos estrategias para resolver los problemas del sector educación, con acciones concretas (previamente estudiadas y analizadas), y por supuesto, exijamos los recursos necesarios para implementarlas.
4. ¿Quién pagas las cuentas? ¿Qué haría usted si el gerente general de su empresa lo hace invertir mucho dinero en infraestructura que no utilizará (es decir, lo hace “tirar plata al agua”? Probablemente lo despediría al día siguiente, si es que no decide emprenderle un juicio. Justamente, necesitamos diseñar mecanismos de evaluación al desempeño para que quienes toman las decisiones de gasto público sean responsables de sus errores y sean premiados por sus aciertos. El ojo ciudadano podría aportar significativamente esta tarea.
5. El énfasis en los resultados. La nueva administración pública busca orientar la gestión pública a proveer los resultados que el ciudadano espera y valora; un esfuerzo en este sentido lo viene liderando el Ministerio de Economía y Finanzas hace algunos años. Son varios los instrumentos que vienen implementándose, a través de este espacio, me gustaría invitarlos a revisar los informes de evaluación independiente de JUNTOS y los programas de Conservación de Carreteras y el Programa Articulado Nutricional. Están solo a un click de distancia.