Hoy realicé un pequeño ejercicio de investigación en mi clase de inglés, donde un 80% de los alumnos no pasan los 18 años – el inglés no sabe de edades y menos de etapas de vacaciones escolares. Pregunté solo a 6 si sabían quién era Abimael Guzmán. De los encuestados, 3 no sabían absolutamente nada de ese “tipo”, a 1 le “sonaba ese nombre” pero sabía que tenía que ver con el terrorismo y los 2 restantes respondieron rápidamente con una afirmación. Uno de los primeros, por naturaleza soltó un: ¡Manya!, ¿él fue Abimael Guzmán?

La conclusión salta a la vista. La mayoría de chicos y/o jóvenes que nacieron a partir de la década de los noventa, desconocen en su mayoría quién fue Abimael Guzmán, y, por ende, a Sendero Luminoso y el MRTA.

Yo nací a mediados de los ochenta en Jaén, y durante los primeros cinco años de vida no tuve idea de qué era el terrorismo, ni muchos menos Sendero Luminoso o el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) pero, el 6 de julio de 1992, fui testigo de la toma de la ciudad por parte del MRTA. Vivía muy cerca a donde comenzó el tiroteo. Por casi 8 horas estuve escondido con mi familia en casa. Recuerdo claramente las chispas de los disparos y hombres encapuchados pasando por la ventana de mi casa llamando a toda la población para ir a un mitin en el centro de la ciudad. Desde ese momento entendí qué cosa era el terrorismo. En los siguientes días vi la comisaría (antigua PIP-Policía de Investigaciones del Perú) hecha añicos y supe, además, que se pidieron refuerzos policiales y militares de San Ignacio, Bagua y del cuartel militar El Milagro.

Sin embargo, mi historia es una de las miles ocurridas en el Perú durante la década de los ochenta. A pesar de ello, muchos de nuestros niños y adolescentes desconocen este episodio nefasto en la historia del Perú, en el que no podíamos caminar tan libremente como lo hacemos hoy o como ir un martes por la tarde a ver una película al cine.

Veamos cifras. Según el INEI, la población estimada en el año 1990  fue cerca a 22 millones de personas. Para el 2012 la población estimada y proyectada es de 30 millones de personas. Es decir, que de 1990 a la actualidad nacieron más de 8 millones de personas en nuestro país que bordean los 20 años de edad.

Resulta increíble que hoy exista una agrupación denominada Movadef, que defiende amnistía general para todos los presos políticos incluyendo al terrorista Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y que pretende inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones – JNE como agrupación política. Sin embargo, Fernando Tuesta[1], ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, plantea que se tiene una solución a tamaña atrocidad política, la cual se basa en que los fines y objetivos de dicha agrupación no son defender el sistema democrático, que es el objetivo de todo partido político en un Estado democrático.

La pregunta sería, en todo caso, qué hacemos con esos más de 8 millones de personas que aún desconocen esa huella oscura en nuestra historia nacional. Gran trabajo de sensibilización y concientización el que nos espera.  Y digo sensibilización y concientización porque creo que es la mejor arma para atacar a las ideologías que defienden tristemente el “pensamiento Gonzalo”.

En ese sentido, es fundamental difundir información sobre lo que se vivió durante los años del terrorismo y generar debate al respecto. Todo el valioso trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debe ser rescatado para no olvidar lo que pasó y se muestre cuánto daño hizo el terrorismo al Perú y cuál es la postura de un gobierno democrático. Todos tenemos la obligación moral de contribuir con la difusión de ese período oscuro de la historia del Perú, que quizás por doloroso a veces preferimos olvidar. No podemos ser simples espectadores de un suceso que está tomando interés mediático. Yo también soy joven y construyo la política que quiero desde Coherencia que, así como otras organizaciones, también está aportando al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Digamos NO al terrorismo.

[1] http://www.larepublica.pe/columnistas/politika/como-defenderse-del-movadef-19-01-2012

Dos hechos trascendentales han despertado nuestra atención en los días pasados, el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de Susana Villarán, y de otro lado,  la inscripción y reconocimiento del MOVADEF como organización política, dando mucho qué decir y  ocupando la mayor atención en los distintos diarios y en los espacios de televisión en señal abierta.

[1] Ejemplos de Instituciones democráticas o Institucionalidad Democrática podrían ser la Universidad, entendida como institución de resguardo de las prácticas democráticas, o el Poder Judicial (a través de fallos distinguidos que pongan en relieve su capacidad de decisión), sin embargo en nuestro caso estas instituciones aún brillan por su ausencia, tanto a nivel de propuestas (como la formación de educandos) como en la ejecución de sus fines.

Con una aprobación del 16% y una desaprobación del 76%, según el último sondeo de opinión de Ipsos Apoyo, Susana Villarán termina su primer año de gestión edil. Atrás quedó aquel 38% que obtuvo frente al 37% de su contendora, Lourdes Flores, en las pasadas elecciones municipales del 2010.  Para la población, los expertos y representantes de los medios de comunicación, era histórico que un partido político de izquierda volviera al poder después de 25 años, teniendo como antecedente la gestión del desaparecido Alfonso Barrantes.

Es evidente que la actual gestión de la alcaldesa nunca gozó de un apoyo constante, especialmente por parte de algunos regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) y ciertos medios de comunicación. Claro, a principio de año, los vecinos de Lima esperaban con mucha expectativa una transformación rápida, el cumplimiento de las promesas de campaña, y el ordenamiento de la ciudad basado en la concepción que el alcalde eficiente es aquel que ejecuta e inaugura obras en forma constante, pero no fue así.

Hoy, cierta parte de la población exige la revocatoria como una iniciativa democrática de participación ciudadana, a través de la cual busca un cambio. El director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), y promotor del proceso de revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, señala que el pedido se basa en el derecho de participación ciudadana que contempla la Constitución, según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Anunciada, pero ¿pertinente?

Para el Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina “el proceso de revocatoria es el último mecanismo frente a una autoridad que no cumple sus funciones y promesas. Se trata de un derecho legítimo de la población que debe ser asumido en forma responsable, pero a veces puede tener un efecto negativo debido que los alcaldes terminan más preocupados por la revocatoria que por su gestión”.

Me preocupa pero,  a la vez, me  genera mucha expectativa  el hecho de utilizar un mecanismo democrático con el objetivo de satisfacer intereses de aquellos grupos que se sienten perjudicados por las medidas tomadas por la burgomaestre; sin embargo, ello también puede generar algo turbio e incluso nefasto para la democracia. En cualquier caso, urge que la población conozca la posición y estrategia que empleará la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante este 2012.

Respondiendo a mi pregunta, considero que el mecanismo democrático de la revocatoria municipal estaría siendo manipulado al punto de convertirse en un instrumento de chantaje político.

Pongámonos en el caso hipotético que se logren obtener las 400 mil firmas que se requiere para revocar a la alcaldesa, es decir, la mitad más uno de los votos válidos. Esto generaría inestabilidad política y la paralización de la gestión, así como incertidumbre por parte de los inversionistas. Asimismo, las obras proyectadas y programadas se quedarían paralizadas hasta nuevo aviso. Debe considerarse también que el proceso de transferencia para la asunción de la nueva autoridad seria lento y que el sucesor seria el Teniente Alcalde, es decir, un miembro del mismo  partido político que logró la alcaldía.

¿No hace nada?

Cabe recordar que la gestión de Susana Villarán se caracteriza por darle énfasis al cumplimiento de las principales propuestas de campaña, destacando la fiscalización y auditoria a la gestión de Luis Castañeda, por el caso Comunicore, tener una política de transparencia municipal, recuperación y peatonalización del centro histórico a través el programa Lima Camina, la difusión de la cultura a nivel interdistrital como los programas “Cultura Viva” y “Vamos al Museo”, actividades recreativas y deportivas como “Muévete Lima”, la  creación de un espacio recreativo para los vecinos mediante el “Programa Ciclodía”, y el reordenamiento vehicular de las avenidas  Abancay y  Túpac Amaru, entre otros. Pero si existen obras y avances en la gestión municipal, ¿por qué el bajo nivel de aceptación a favor de la burgomaestre?

Para el politólogo Martín Tanaka, el bajo nivel de aceptación se debe a los problemas de comunicación con la población, así como a la forma en que proyecta su imagen ante los medios. Además, el municipio tuvo que dedicarse a ordenar una administración heredada muy caótica e ineficiente, para hacer buenos diagnósticos y planes y diseñar mejores políticas, de modo que la desaprobación está relacionada no tanto con la ausencia de obras como con un estilo de gestión.

Alberto Vergara sostiene que la mala relación con los medios de comunicación crea una imagen negativa de su gestión y de su persona. Vergara plantea que entre la gestión pública y la relación con los medios gravita el mundo de la política, el de las decisiones y estrategias decididas a puerta cerrada. Ese espacio es el que no ha funcionado. Además, manifiesta que no solo basta con ser tecnócrata y transparente, sino que hace falta un plan político.

Puntos débiles

Concuerdo en dos aspectos  fundamentales tanto con Tanaka como con Vergara; en primer lugar, respecto a la falta de una estrategia comunicacional que logre difundir las obras, los avances y el contacto con la población y; segundo, en lo relativo a la falta de capacidad de gestión, que es evidente en la administración pública en general, más allá del ámbito municipal, y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo como consecuencia de la falta de un verdadera reforma del Estado.

Me atrevo a decir que los cambios constantes de gerentes y subgerentes durante el primer año de la gestión municipal de Susana Villarán le jugaron una mala pasada debido a que, al asumir sus funciones, los nuevos funcionarios públicos demoraban en adaptarse al sistema, y los programas y proyectos ya aprobados quedaban archivados o paralizados. Además, el despido masivo de trabajadores de la gestión anterior debilitó a la MML, dado que ellos eran la estructura administrativa que conocía a fondo cómo se encontraba la entidad edil.

Finalmente, me quedo con una frase de Marco Sifuentes: “La idea de una “Lima para todos” es muy bonita, pero no tanto si esos “todos” no sienten que la alcaldesa esté trabajando. No se puede hacer pedagogía política si no tienes capital político. No se empieza a construir una casa por el techo. No se empieza a arreglar una playa con la arena. Susana ha tenido todo un año para entender esto y, parece que aún no se da cuenta. Bueno, pues, ahora tiene hasta setiembre”.

Roger Luna, politólogo y miembro de Gobierno Coherente

Fuente:

Diario La República
http://www.larepublica.pe/15-01-2012/ipsos-apoyo-solo-el-16-de-limenos-aprueba-la-gestion-de-susana-villaran

Diario El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/1350081/noticia-casi-mitad-limenos-no-sabe-reordenamiento-av-abancay

Diario La República
http://www.larepublica.pe/29-12-2011/transparencia-pide-usar-proceso-de-revocatoria-con-responsabilidad

Diario La República
http://www.larepublica.pe/columnistas/virtu-e-fortuna/la-desaprobacion-susana-villaran-22-10-2011

SUSANA VILLARÁN: SIETE ENSAYOS Por Alberto Vergara Paniagua (Revista Poder 360°)
http://www.larepublica.pe/27-12-2011/alberto-vergara-susana-villaran-como-ruperta-el-santo-se-le-ha-volteado

Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos
http://www.limacomovamos.org/noticias/lima_se_despide_del_2011

Diario Perú21
http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2012/01/why-susy-why.html

Nuestra Constitución Política -la ley de leyes- decreta que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley”. Así, reconoce como un derecho fundamental el que nadie sea “discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.

Afortunadamente, esto no solo es un derecho local o exclusivo para los peruanos sino que, de acuerdo a la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, es un derecho aplicable a toda persona por el solo hecho de existir y ser, precisamente, un ser humano.

El artículo primero de dicha Declaración consagra que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)”. De esta manera, la discriminación -por el motivo que sea- no solo constituye una práctica socialmente repudiable y señal inequívoca de manifiesta ignorancia, sino que es -estrictamente- una conducta ilegal que viola la legislación más importante y de mayor rango, tanto a nivel nacional como internacional.

Si bien nuestro país cuenta con leyes específicas que prohíben o sancionan los actos de discriminación[i], tanto en centros educativos como laborales; es, precisamente, en este último escenario, donde aún se arrastra – quizá de forma más brutal- el lastre de la discriminación.

Un vivo ejemplo de ello que grafica -a la vez- el paupérrimo nivel cultural e insensibilidad de nuestra sociedad, así como la plena vigencia de actos de discriminación sistemática, se encuentra en el régimen de las trabajadoras del hogar, coloquial y -a veces- peyorativamente llamadas “empleadas”.

Ya es suficientemente lamentable e ilegal la comisión de actos de discriminación que nacen de la voluntad de las propias personas, pero más grave aún es cuando dichas conductas tienen su origen en la obediencia o -irónicamente- en el cumplimiento de una norma legal, evidentemente, discriminatoria.

Pues esto ocurre en nuestro país, donde existe un régimen ordinario o ley general para los trabajadores comunes y corrientes y, en paralelo, existe otro régimen extraordinario o ley especial para las trabajadoras del hogar, con la diferencia que en este último -a pesar de la premura económica de las “empleadas”- todos los derechos o beneficios sociales están,  paradójica e injustamente, recortados o disminuidos.

Es así como nuestras leyes, nuestros congresistas, nuestros líderes y, en última instancia, todos nosotros agradecemos y recompensamos el duro trabajo, a veces esclavizante, que desempeñan las “empleadas” a lo largo de sus vidas en la completa intimidad de nuestros hogares.

Nunca faltan argumentos mezquinos para intentar justificar lo injustificable, de modo que es hasta normal escuchar que dicha diferenciación -por no decir, discriminación pura y grotesca- obedece a que tal clase de trabajadoras reciben alojamiento gratuito -para no decir un viejo catre ubicado en el más diminuto y oscuro cuarto de la casa-, comida gratis -a veces, las sobras de la familia- y, claro, buen trato (aunque a veces, ni siquiera se conoce sus nombres o se les llama por uno que -convenientemente- resulte más cómodo o fácil para el patrón o la matrona).

Sin embargo, ese buen trato, tampoco se ve reflejado durante los fines de semana, feriados y las demás fechas especiales del calendario, como la navidad o el año nuevo, cuando las “empleadas” -por lo general- deben renunciar, una vez más, a estar con sus olvidadas familias para servir en casa de sus generosos empleadores y luego lavar y secar, entre otras cosas, la fina vajilla con los restos del banquete arrasado y servido en una mesa que, en ningún caso, podrán usar ni compartir.

En cualquier caso, lo cierto es que mientras un trabajador común y corriente tiene derecho al equivalente de un sueldo mensual como gratificación legal (tanto en fiestas patrias como en navidad), las trabajadoras del hogar solo tienen derecho a percibir medio sueldo por el mismo concepto.

Lo mismo ocurre con la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, lo que en la práctica opera como una suerte de seguro de desempleo, el mismo que para un trabajador normal equivale a un sueldo mensual por año; sin embargo, para las “empleadas”, la CTS solo equivale a medio sueldo.

Las vacaciones tampoco son la excepción en este régimen discriminatorio, pues mientras que cualquier trabajador regular tiene derecho a 30 días de descanso por año, las “empleadas” solo pueden descansar 15 días por cada año completo de servicios.

Estamos, entonces, ante una ley que castiga a las empleadas por el solo hecho de tener dicha condición, con derechos y beneficios disminuidos, lo que -claramente- denota una práctica discriminatoria que lesiona la dignidad de una clase trabajadora históricamente humillada y que, en definitiva, viola principios y normas nacionales e internacionales de la más alta envergadura.

Si bien es sabido que este régimen no es el único que tiene un tratamiento lesivo y legal y/o laboralmente discriminatorio (pues también está el personal contratado bajo CAS o SNP[ii], por ejemplo), se ha decidido poner énfasis en este castigado colectivo -no porque esté próximo a comenzar la temporada de la Meca de las “empleadas”: Las playas de Asia- sino porque es quizá uno de los sectores más vulnerables, maltratados, discriminados y también necesitados de nuestra sociedad.

Por tanto, hasta que no se corrija el horror legislativo que impone a las trabajadoras del hogar un tratamiento laboralmente discriminatorio o más lesivo que el que tiene cualquier otro trabajador, la bandera de la exclusión y de la desigualdad social seguirá flameando en nuestro país desde lo más íntimo de nuestros propios hogares.

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[ii] Estos son los denominados contratos administrativos de servicios – CAS y las contrataciones por servicios no personales – SNP, modalidades también discriminatorias y laboralmente aberrantes bajo las cuales las distintas entidades del sector público suelen contratar a sus trabajadores.

Hace 3 meses, tuve la oportunidad de ver un estupendo reportaje realizado por el programa ¨El placer de los ojos¨, conducido por el crítico de cine Ricardo Bedoya, sobre el el nuevo proyecto de la sonidista cinematográfica Rosa María Oliart, titulado “Los Sonidos del Perú”. Esta colección encierra sonidos exclusivos de la costa, sierra y selva peruana.

Los sonidos son las diferentes expresiones culturales provenientes de aquel Perú profundo que trata de comunicar mensajes grabados en el legado de nuestros antepasados. Son aquellas tradiciones y leyendas sobre el origen de nuestra cultura, expuestas en la música y en los bailes que transmiten códigos que conservan la esencia del pensamiento andino e, incluso, latinoamericano.

Cuando escucho “Los Sonidos del Perú”, lo conceptualizo como el mensaje que nos da el Perú interno, aquel Perú que conserva las tradiciones y convive con la madre tierra a través de las expresiones sonoras que produce la naturaleza; el Perú de todas las sangres que expresa su sentimiento de pertenencia otorgándole al poblador una identidad propia, que lo hace original y único.

Para Rosa María Oliart, los sonidos son aquellas expresiones costumbristas de cada región: la representación de la Semana Santa en Ayacucho, una sesión de curandería, la procesión del Señor de los Milagros, la feria taurina de Acho e, incluso, sonidos de la naturaleza y de los animales.

Recordemos que el Perú es un país multicultural y plurilingüe. Cada expresión lingüística no solo es comunicación en forma oral sino también la vía sonora que transmite el sentimiento de un pueblo. Las expresiones sonoras del Perú profundo forman parte de aquella palabra que denominamos cultura.

“Una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto a grupo. Es intrínseco a las culturas el encontrarse en un constante proceso de cambio.” (Heise, Tubino, Ardito: 1994, p.7). Entonces, podría decir que la sociedad hace cultura en el momento que expresa alguna idea través de una representación artística en un espacio público que le dé un sentido de pertenencia e identificación.

Finalmente, cuando hablo sobre la expresión sonora, me estoy refiriendo a la manifestación de cada poblador de la región, creando un vínculo y permitiendo un proceso de identificación con el lugar. Desde aquel vendedor ambulante en un mercado popular en Huancayo, hasta un grupo de pescadores artesanales que afilan sus cuchillos en un terminal portuario en Chimbote, cada expresión sonora manifiesta una respuesta sobre las emociones humanas y la memoria histórica de cada pueblo, desde sus raíces hasta la actualidad.

Este proyecto fue financiado por la Cooperación Española y duro más de un año de trabajo. El acceso a estos sonidos es libre a través de la pagina web http://losonidosdelperu.pe/ y se puede descargar gratuitamente. Este tipo de iniciativa crea un espacio para que los comunicadores y científicos sociales le den una mirada profunda a un Perú que no conocemos.

Creo que Rosa María nos enseña, inspira y motiva y es, ciertamente, un ejemplo para muchos comunicadores y profesionales de otras disciplinas para tener -como ella- tal sensibilidad y compromiso social por el país, a través de la investigación y el contacto con la comunidad,  poniendo al descubierto la riqueza que muchas veces ignoramos a pesar de vivir en nuestro amado Perú. Los sonidos son expresiones originales del Perú profundo, del Perú de todas las sangres que produce eco en el corazón y alma de todos los peruanos.

Heise, Maria; Fidel Tubino y Wilfredo Ardito. (1994). Interculturalidad: un desafío. CAAAP, Lima.

Imagen tomada de butacaenlinea.blogspot.com

Escrito por Roger Luna Solis, Politólogo y miembro de Gobierno Coherente.

Imagen tomada de maxaguirre.blogspot.com

Es difícil cruzártelos pero es muy fácil reconocerlos.  Están entregados a mejorar la vida de los demás y conocen –casi como padres- a aquellos que reciben los beneficios de sus súper poderes. Comparten esa pasión que los impulsa a tocar  con vehemencia – a veces por décadas- las puertas del Estado para que sus proyectos escalen  y beneficien a más personas. En este artículo comparto un retazo de la obra de Jesús Herrero, Coordinador Nacional de Fe y Alegría y de David Baumann, Director Ejecutivo de ProRural, para que ratifiquen conmigo mi sospecha de adulta: los héroes no solo están en las historietas.

Conocí a Jesús entre los oficios y memorandos que intercambiaba con el Ministerio de Educación para garantizar la asignación de profesores a los colegios de Fe y Alegría (FyA). Y es que en el marco de un convenio con el Estado que la calificaba como “educación pública de gestión privada”, FyA  se encarga de la prestación del servicio educativo y el Estado de financiar a los profesores.

Jesús, como un niño, luego de muchas correrías para asegurar el funcionamiento de sus colegios, nunca pierde la capacidad de asombro cuando más de una vez el Estado le pide que abra colegios pero no le asigna las plazas para que funcionen. En esa oportunidad, andaba angustiado porque hacía algunos años había destinado recursos de la cooperación española a la construcción de un Instituto Tecnológico y el flamante edificio, y sus máquinas no estaban en uso porque no contaba con los profesores. Tenía casi dos años en este embrollo y con algo de picardía me decía: “tendré que ponerle ruedas al edificio y enviarlo a España”.

Tuve la oportunidad de conocerlo fuera de las oficinas. Me encontré con un jesuita español que con un cariño paternal conoce la historia de cada colegio abierto en el Perú -por más recóndito que se encuentre- y muestra orgulloso los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje de sus alumnos. Un verdadero reto a la educación pública, ya que con la misma materia prima (profesores) logra mejores resultados[1]. El secreto del éxito es para mí la pasión y entrega de la comunidad de FyA a mejorar la educación de los niños que reciben en sus aulas. Recuerdo con especial cariño una conversación donde me dijo: “si no se tienen sueños, no se llega a ningún sitio”. Se refería al sueño que tenía el jesuita José María Velaz -cuando decidió hace 45 años abrir el primer colegio en Perú- de algún día atender a miles de alumnos. Hoy FyA cuenta con  78 centros educativos que atienden a casi 84 mil niños y niñas.

Además de los encuentros personales con Jesús, ahora tengo la oportunidad de compartir reuniones de trabajo con él como Presidente del Consejo Nacional de Educación. Se suma a su pasión por mejorar la calidad de la educación, el conocimiento de estar en la “cancha” resolviendo problemas diarios en la gestión de sus colegios, lo que determina sin lugar a dudas que su apoyo al diseño y gestión de políticas públicas educativas sea invalorable.

Hoy tuve la oportunidad de conocer a otro héroe silencioso: David Baumann. Percibí  inmediatamente sus súper poderes. Al igual que en el caso de Jesús, no es raro haberlo conocido en una reunión de trabajo (en una oficina del sector público), porque los héroes del silencio siempre ponen sus proyectos a disposición del Estado. David es el Director Ejecutivo de ProRural, una organización que impulsa el desarrollo de Centros Rurales en Alternancia.

La educación alternancia, como lo dice David con mucha humildad, es una alternativa para la provisión de educación secundaria en áreas rurales, que se caracteriza por baja cobertura en el acceso, tasas de deserción elevadas y mucho rezago respecto a las áreas urbanas en términos de logros de aprendizaje de los estudiantes. En términos básicos, la prestación del servicio se realiza con una alternancia de quince días en el hogar y quince días en un internado. Hoy ProRural cuenta con 45 centros educativos que atienden a casi 3,000 jóvenes de zonas rurales y David está dispuesto a poner al servicio del Ministerio de Educación su experiencia para que pueda replicarse.

Conozco los proyectos de Jesús y David, y estoy convencida de que hay muchos más héroes silenciosos que trabajan todos los días para mejorar la educación en el país. ¿Por qué entonces estas exitosas experiencias no se sistematizan en la educación pública? Más que el desinterés de un funcionario de turno, considero que un obstáculo para su implantación es que el Estado no ha logrado desarrollar las asociaciones público-privadas en el sistema educativo. Hay algunas reglas escritas que viabilizan, por ejemplo, la educación pública de gestión privada, pero todavía existen muchas nubes grises por aclarar. Esperamos que la nueva gestión tome las riendas del asunto para que los esfuerzos admirables de Jesús, David y otros héroes silenciosos puedan escalar su impacto.

Proyecto Igualdad

Tal vez el gran emblema del actual gobierno es y será, a lo largo de su gestión, el de la Inclusión Social, denominada “La Gran Transformación”, que en palabras del Presidente Humala significa que “el dinero se convierta en calidad de vida”. Se habló de este tema desde la campaña presidencial, y ya empezó a verse su ejecución a través de los diversos programas sociales que el Estado ha reforzado y creado.

En su último discurso en las Naciones Unidas, el Presidente Humala señaló que “la democracia es la base para la autodeterminación de un pueblo y el Estado debe estar preparado  para asumir esa voluntad con lealtad”. Precisamente, los peruanos vivimos en un Estado con democracia y en donde el Gobierno tiene como función tratar de llegar a más ciudadanos y de la mejor manera, lo que llamamos en gestión pública una buena eficacia y eficiencia.

Sin embargo, si bien el Estado tiene como objetivo una mejor inclusión social, la sociedad está dejando de lado la parte que le corresponde. Estamos siendo simples espectadores – y receptores – de lo que nos ofrece el Gobierno: mejores oportunidades para un mejor nivel de vida. Pero, ¿nosotros qué estamos haciendo frente a ello? ¿Estamos cumpliendo con “nuestra parte”?

La inclusión social tan solo se analiza desde un punto de vista, el estatal, que se basa en indicadores de mejorías en los estándares de calidad de vida, como educación, salud, nutrición, acceso a agua potable y mejor sistema sanitario, entre otros; pero no se analiza desde la sociedad. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no estamos actuando como tales; y muchas veces no respetamos al “otro”. Nos hemos preguntado alguna vez si ¿verdaderamente nosotros practicamos la inclusión social? ¿Aceptamos a los demás sin importar las diferencias?

En los últimos días, el mundo quedó asombrado por la muerte de James Rodemeyer, un niño de tan solo 14 años de edad, quien se suicidó a consecuencia del bullying. Este niño americano sufría de acosos y burlas en su propia escuela, simplemente por ser gay. Él no lo soportó y tuvo el valor de dejar su mensaje en un video, antes de quitarse la vida.

También, hace unos días, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, criticó que los precandidatos republicanos a las presidenciales se hayan quedado callados cuando una multitud de participantes empezó a abuchear tras una pregunta hecha por un militar gay. Obama se manifestó en contra de ello e instó a que si querían ser comandantes en jefe deberían apoyar a los militares, incluso si estos eran gays.

Día a día estamos viendo casos más parecidos a los del niño Rodemeyer, y debe ser aún peor en países donde la homosexualidad es ilegal, incluso merecedora de pena de muerte. Pero también existen casos como los del Presidente Obama. Cada vez la comunidad global es más tolerante con los demás. Las personas con una opción sexual distinta a la nuestra no dejan de ser ni más ni menos que nosotros mismos. Son tan capaces como cualquiera de nosotros y no por ello las podemos etiquetar de tal o cual manera.

A fines de 2008 se presentó la Declaración sobre orientación sexual  e identidad de género de las Naciones Unidas. Esta declaración “condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos”. Sin embargo, resultó vergonzoso que el Perú no haya firmado dicha declaración ya que podría contravenir en el futuro con instituciones jurídicas como el matrimonio y la adopción, como lo señala el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, el último 17 de junio, Naciones Unidas presentó una resolución “histórica” en defensa de los homosexuales, en donde se proclama “igualdad para todos, independientemente de su orientación sexual y condena la discriminación y la violencia contra los gays, lesbianas y transexuales”. Esta resolución, que tuvo un resultado muy ajustado: 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones; consolida de alguna u otra manera la lucha por lograr un mundo cada vez más justo y tolerante.

En esa misma línea nace Proyecto Igualdad, una iniciativa de Gobierno Coherente, que basa su esencia en los lineamientos estratégicos coma la formación y participación ciudadana, así como en los principios del Ideario Coherente: donde queremos una sociedad saludable, donde eduquemos para ser felices y donde velemos por un sistema integral de justicia que funcione correctamente. Proyecto Igualdad, en su primera etapa, viene poniendo énfasis en la inclusión social del colectivo GLBTT (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Transexuales), inspirando a los jóvenes a mostrar su aceptación, tolerancia, respeto, no discriminación por ser diferente, y rechazo a la homofobia siguiendo los ideales de una sociedad libre y pluralista.

Hay dos tareas que aún quedan pendientes. Por un lado, el Estado, al momento de dar un mayor énfasis a la inclusión social, debería poner más atención a los grupos minoritarios, incluyendo al colectivo GLBTT. En ese caso, podemos exhortar al nuevo gobierno para que replantee la adhesión a favor de la Resolución del 2008.

Por otro lado, está la tarea de la sociedad en general. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de interiorizar la inclusión social, y luego, exigirla. Es absurdo que en el siglo XXI aún sigamos luchando por defender el derecho a la igualdad; pero mientras la intolerancia campee sin vergüenza, iniciativas como Proyecto Igualdad, junto con otras de diversas organizaciones, seguirán luchando por una sociedad más inclusiva y feliz.

Por Juan Carlos Ponce, politólogo de la PUCP y miembro de Gobierno Coherente

El gerente: “¡Les he construido una posta con todos los equipos médicos! Ganamos el premio a la ecoeficiencia del ministerio y hemos invertido en adecuar nuestro reporte de sostenibilidad a los mejores estándares internacionales. No entendemos por qué la directiva de la comunidad nos ha abierto un proceso penal, según ellos por contaminación ambiental. Y tremendo episodio el día de ayer: niños tirando piedras en la puerta de la empresa. ¡Eso será visto por nuestros clientes en el extranjero!”

El presidente de la directiva de la comunidad: “Nos pusieron la posta médica y equipos, y lo agradecemos, pero no hay un buen doctor que quiera venir hasta acá. Ellos están haciendo plata acá y contaminando. Es lo mínimo que pueden dejar, ¿no? Lo que más nos molesta es que vienen con todos sus datos técnicos de mediciones medioambientales y a mí nadie me va a quitar la idea de que el agua se ve rara y que eso afecta a nuestros hijos. Estamos hartos de los abusos de las empresas, pero ahora no nos vamos a dejar ganar”.

¿Cómo haríamos?

Son evidentes las consecuencias positivas que ha traído el boom de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en nuestro país, pues tenemos un empresariado despertando la consciencia de la importancia de medir los efectos sociales de sus decisiones de negocio y con una visión cada vez más clara respecto a la conveniencia de plantear escenarios ganar-ganar con sus comunidades aledañas. Sin embargo, es evidente que esto no ha sido suficiente para contrarrestar la creciente conflictividad social en la que vivimos, y no solo porque no hayan sido lo suficientemente rápidos o integrales en sus abordajes sino porque las principales causas de la alta conflictividad social del país, escapan de sus manos.

La principal razón que ha generado el incremento tan sustancial en las manifestaciones de conflictividad social es un Estado desfragmentado que, sin definir aún su propio proceso de descentralización, saliendo del duro golpe recibido por la violencia política y encontrándose en pleno proceso de consolidación democrática, decide adoptar un modelo económico que genera un crecimiento tal que nos coloca entre las 10 economías de mayor crecimiento en el mundo.

Esta fragmentación interna, sumada a la falta de voluntad política de instaurar la soñada política de diálogo y concertación declarada en nuestro Acuerdo Nacional, limita la posible coordinación entre las distintas instancias de gobierno para la definición de estrategias alineadas que permitan encausar adecuadamente las demandas sociales, por lo que se opta por atender la conflictividad social en el “bombero style” y el único desarrollo que identificamos en los últimos años es que este equipo de bomberos, simplemente, creció un poco. Y es aquí donde se instaura nuestra maldición y paradigma: la “cultura de la contención”. Bajo este paradigma se pretende resolver “facilito” los problemas que requieren redefiniciones y cambios estructurales en las políticas de Estado. Ante tanto problema, se opta por “comprar paz” con acuerdos insostenibles que apalancan aprobaciones engañosas. ¿Qué puede hacer distinto entonces el empresariado para lograr viabilizar sus proyectos de negocio en paz?

1. Quitarse el sombrero del Estado y ponérselo al Estado

Ante la notoria “ausencia del Estado” la empresa asume el protagonismo y, con el fin de viabilizar sus operaciones, peca asumiendo el rol de aquel, generando dependencias ante la presión social de cubrir necesidades básicas. Al construir un hospital valorizado en el 60% de la pérdida que generaría un día de paralización de las operaciones, se podría decir que la empresa está haciendo un buen negocio al proteger ese 40% de diferencial y, adicionalmente, comprar tiempo de “operación en paz” al generar mano de obra local para la construcción, sumado a la beneficiosa sensación social de que se está “dejando obra”. Pero no solo ocurre que hacer un hospital es labor del Estado, sino que construir infraestructura no necesariamente construye necesariamente relaciones de confianza, vitales para llegar a acuerdos sostenibles. La recomendación concreta es dejar de arrogarse el rol del Estado y, en cambio, apoyarlo a fortalecer capacidades de gestión transparente, diálogo, comunicación y negociación en sus distintas instancias, priorizando las instancias locales, pues están más en contacto con los actores de los conflictos.

2. Desarrollar afectos y gestionar emociones

Todas las decisiones que tomamos son esencialmente emocionales. Por ello, es vital construir relaciones de confianza, conocerse, entenderse y desarrollar afectos entre la empresa y su entorno y fomentar las buenas relaciones entre los distintos grupos de interés local; es decir, construir capital reputacional, que garantiza que por más que las “papas quemen” hay claridad respecto a quién es tu interlocutor. Otro punto esencial es marcar la sustancial diferencia entre “comprar paz” y “construir paz”. Esto último implica un trabajo compartido, involucra a las personas en construir consensos y crear lazos sociales sólidos.

3. Transformar el paradigma de la contención

Las áreas de gestión social o relacionamiento comunitario necesitan estar más alineadas a las áreas de operaciones para poder prever contingencias sociales, conocer más el negocio y asumir un rol más de servicio al área de operaciones, para que cada proyecto priorizado obedezca a cuidar la sostenibilidad del negocio. Las empresas que vienen haciendo esto tienen mejores resultados con su entorno, pues son capaces de medir impactos, respetar y armonizar los ritmos sociales a los industriales, proyectar escenarios, y generar y compartir la información oportuna respecto a las intenciones de desarrollo del negocio que involucren espacios y uso de recursos naturales comunes con otros.

Una gestión social eficiente busca enfocarse en analizar las causas que generan los conflictos y no solo en contener las manifestaciones de estos, ya que es muy probable que estos rebroten ante el mínimo estímulo. Por ejemplo, es más efectivo, ante una denuncia de contaminación, entender de dónde deriva esa percepción y resolverla antes que hacer un suntuoso aporte a un colegio local. Pero, aunque esto suene obvio, hay empresas que aún optan por construir aulas antes que hacerse cargo de revisar el porqué de las percepciones. La ruta principal es innovar para desarrollar un sentido común en la política de gestión social de la empresa que nos dirija hacia la sostenibilidad, asumiendo los actos heroicos necesarios para instaurar paradigmas que permitan el crecimiento con inclusión.

Artículo publicado en la Revista G de Gestión: Agosto 2011 Nº 9.

El 30 de agosto último, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto 2012 para su aprobación. La asignación es consistente con las prioridades planteadas por el Premier en la presentación que realizó días antes para ganar el voto de confianza del Congreso. Alineadas la voluntad política y la asignación de recursos públicos, el reto estará en la capacidad operativa de sectores como el de Educación y Salud –cuyo presupuesto creció en más de 20%-  para diseñar e implementar intervenciones eficaces en el camino a la tan añorada inclusión social.

Primer paso: El tamaño de la torta o presupuesto total. En línea con las proyecciones económicas planteadas en el “Marco Macroeconómico Mulltianual” y los lineamientos de política fiscal, el tamaño de la torta se ha definido tomando en consideración los supuestos de un crecimiento real de 6% del Producto Bruto Interno y una meta de supéravit fiscal de 1%. También se ha considerado tomar precauciones frente al incierto escenario internacional. Con estos criterios, el presupuesto 2012 asciende a S/. 95,535 millones, lo que representa un crecimiento de 5% en términos reales, en relación al presupuesto 2011.

Segundo paso: Los ingredientes principales o la distribución por el tipo de gasto. El 58% de los recursos del presupuesto están destinados a gastos corrientes, es decir, aquellos que financian la operatividad de los bienes y servicios públicos –como el pago de planillas, gastos de mantenimiento o gastos administrativos- mientras que un 27% está destinado a gastos de capital, vale decir, los que están destinados a ampliar o mejorar la oferta de bienes y servicios públicos.

Por ejemplo, los recursos para  proyectos de inversión pública forman parte del gasto de capital y con respecto al presupuesto 2011, han experimentado un crecimiento de 17%. El 15% restante, se destina al pago del servicio de deuda, a los Fondos Especiales (como los Programas de Incentivos Municipales) y a la Reserva de Contingencia.

Tercer paso: Las prioridades de asignación o cortando la torta. En línea con las prioridades de lo que significa una efectiva inclusión social, la asignación ha priorizado las intervenciones de educación y de salud, relacionadas a la construcción de capital humano. Y es que, el 43% de la torta –sin considerar los recursos destinados al pago de pensiones, servicio de deuda y contingencias,  está asignado a intervenciones del sector social.

En la medida que la acumulación del capital humano es un proceso dinámico a lo largo de la vida de un individuo; y donde las  etapas son críticas para la formación en las fases posteriores, los recursos para intervenciones en lo que se denomina “primera infancia” bordean casi los S/. 5,300 millones.

Las intervenciones más relevantes en la primera infancia son: S/. 1,400 millones para el Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal y S/. 1,607 millones para el Programa Articulado Nutricional, asignaciones que marcan el inicio del camino hacia las metas al 2016 del nuevo gobierno respecto a la desnutrición crónica y a la mortalidad neonatal e infantil.

Así, con los recursos asignados a los productos propios de estos programas –vale decir, vacunas completas, controles de crecimiento y desarrollo (CRED), o partos institucionales- se espera contribuir a reducir -para el 2012- la desnutrición crónica de 18% a 16%; la mortalidad neonatal (por cada 1,000 nacidos vivos) de 11 a 10; y, la mortalidad infantil (por cada 1,000 nacidos vivos) de 18 a 16.

En cuanto a los recursos para educación, se ha destinado S/. 935 millones para incrementar la cobertura de educación inicial -entre niños de 3 a 5 años- en 4 puntos porcentuales, alcanzando así el 77% a fines del 2012. Además, se cuenta con S/. 190 millones para el programa “Cuna Más”, que si bien está pendiente terminar de delinear el diseño técnico del mismo, se podría beneficiar a casi 69 mil niños, de entre 0 a 2 años de edad.

El camino hacia la mejora de los logros de aprendizaje en inicial, primaria y secundaria cuenta con aproximadamente S/. 9,000 millones, los mismos que servirán para alcanzar las metas del 2016 de 44% en matemática y de 50% en comunicación; menudo reto si consideramos que actualmente los logros alcanzan el 14% y 29%, respectivamente.

Además de los esfuerzos a los que se ha comprometido la nueva gestión a fin que los materiales educativos lleguen oportunamente, así como para que la infraestructura de escuelas rurales esté en mejores condiciones y los programas de especialización docente sean coherentes. En este sentido, el Ministerio de Educación cuenta con recursos para diseñar estrategias de intervención, con énfasis en reducir las brechas de rendimiento en áreas urbanas y rurales. Así, entre las diversas acciones, se contempla la formulación del Plan de Educación Interbilingue, así como la implementación de una “Unidad de Gestión de la Carrera Pública Magisterial” y la evaluación de aprendizajes (donde se considera la participación del Perú en la conocida prueba PISA).

Los jóvenes también son beneficiarios de este presupuesto. A modo de ejemplo, “Beca 18” (que absorbe al programa Becas Bicentenario de la República) cuenta con S/. 136 millones para entregar hasta 5,000 becas a jóvenes de escasos recursos para estudios en universidades e institutos acreditados. Asimismo, “Jóvenes a la Obra” (antes PROJOVEN) cuenta con casi S/. 24 millones para ser destinados a la capacitación de jóvenes de escasos recursos.

Además, se debe mencionar que la asignación al sector social también contempla recursos para la ampliación a 210 distritos de “Juntos” y la subvención mensual de S/. 125 a más de 160 mil adultos mayores a través del programa “Pensión 65”.

El entorno para iniciar el camino hacia la inclusión total es favorable. Al menos, se percibe la voluntad política para ello, materializada en la propuesta del Ejecutivo para la asignación de recursos para el año 2012. El siguiente paso -y, quizás más relevante en la eficacia de la estrategia- será el liderazgo del Presidente y del Gabinete de Asesores, que deberán dar espacio a la definición técnica de las estrategias y confiar la implementación a gerentes y equipos técnicos calificados. También se necesita una opinión pública que se preocupe menos en el “look” de Nadine y más, en cambio, en exigir la rendición de cuentas y logro de resultados.