Coherencia Perú

Una sociedad saludable

El Perú que queremos sólo es posible de construir si logramos generar una sociedad saludable en todas las localidades en las que habitan sus ciudadanos. Para esto, es condición indispensable generar bienestar físico, psicológico y social en cada peruano.

La generación de bienestar físico y psicológico se logra de manera conjunta, siguiendo la naturaleza del ser humano donde ambos conceptos son indivisibles. Al hablar de bienestar no nos referimos a la ausencia de enfermedad sino a la generación de una calidad de vida elevada; esto se logra a través de una cultura de promoción de la salud fundamentada en información y educación permanente. Por un lado, se debe fomentar los estilos de vida saludables, dinámicas comunitarias adecuadas, entre otro mecanismos; y por otro, se debe prevenir la enfermedad (transmisible y no transmisible) a través de diversas estrategias como campañas de vacunación, control de riesgos ambientales y sociales, intervenciones nutricionales, entre otros.

La sociedad es la confluencia de las individualidades, por lo que si el Estado y los ciudadanos garantizan un bienestar físico y psicológico personal se obtendrá el bienestar social, donde las interacciones sociales permitan la disminución de conflictos y promuevan una convivencia tolerante y armónica, permitiendo la construcción de relaciones sólidas, duraderas y sanas. Para ello, es necesario también que el Estado promueva la mejora de acceso a servicios de salubridad y vivienda, que disminuyan las desavenencias por servicios básicos y la desigualdad de oportunidades para la población.

El rol del Estado debe ser propiciar las condiciones necesarias para la generación de sociedades saludables,  a través de una política de equidad que fomente la igualdad de oportunidades para el desarrollo. Su intervención en salud debe ser de alta calidad, capaz de atender las necesidades de cada enfermedad y/o del ciudadano que la requiera. Para esto, es necesaria una gestión eficiente, responsable y ética, sin olvidar que uno de sus ejes principales son los agentes de salud; por lo que el Estado debe propiciarles espacios de formación y capacitación constante desde los Centros de Educación Superior y las distintas Instituciones de Salud donde laboran. Asimismo, debe velar por su seguridad física y psicológica en sus labores cotidianas; dichos aspectos respaldan y favorecen el mantenimiento de la calidad en los servicios.

En la construcción de esta sociedad, el ciudadano no debe ser un agente pasivo ni un simple receptor  de beneficios; sino que por el contrario es responsable de su propio bienestar, teniendo igual protagonismo que el Estado en la construcción del bienestar colectivo.

Educar para ser feliz

La educación es un proceso político, permanente y multidireccional a partir del cual las personas reconocemos nuestro valor interior, lo podemos poner a disposición de nuestra comunidad y, en ese ejercicio, buscar la felicidad basada en nuestra autorrealización. Este proceso debe ser equitativo, inclusivo y diferenciado cuando sea necesario, fomentado las capacidades personales de todo individuo.

Cuando hablamos de la educación como un proceso político, nos referimos a la enorme responsabilidad que tiene la educación de contagiar la ocupación (y no pre-ocupación) por la polis.  Se trata, en ese sentido, de una educación que responde a los principios e ideales de la comunidad y, por ende, al tipo de persona que queremos habite y construya esa comunidad. De ahí que la educación deba despertar en cada persona la sensibilidad, honestidad, solidaridad, responsabilidad y creatividad, con el fin de que pueda desarrollarlas en el ejercicio mismo de su ciudadanía, a favor de la transformación positiva de los espacios que la rodean.

Cuando hablamos de la educación como un proceso permanente, nos referimos a la curiosa cualidad que tiene la educación de ser omnipresente. Es crucial, para ello, que repensemos la educación no desde el ámbito restringido de la escuela, sino que hagamos de la sociedad en su conjunto una escuela invisible que tenga como fin la formación de ciudadanos críticos, responsables y creativos, es decir, que puedan ser felices, capaces de transformar su realidad inmediata y generar proyectos de vida compatibles con lo que tienen razones para valorar y con las oportunidades que el propio sistema estimule. Todos educamos y nos educamos al mismo tiempo, al compartir significados y sentidos, al construir y compartir conocimientos, al aprender y al instruirnos en cosas o ideas concretas o abstractas. La responsable del éxito de nuestra educación no será entonces el profesor o el director de la escuela, sino la sociedad en su conjunto.

Cuando hablamos de la educación como un proceso multidireccional, nos referimos a las múltiples direcciones que debemos contemplar al abordar el proceso educativo visto desde los ojos de los distintos actores que son parte de esta sociedad. El aporte particular de cada actor (persona, familia, comunidad, medios de comunicación, líderes sociales) debe encontrar un sentido unitario e integral. Esto supone que la educación sea reconocida en su sentido más amplio y que revisemos, individual y colectivamente, nuestros aportes. Aquella donde los maestros sean actores reconocidos en la sociedad por el rol trascendente que realizan, pero donde también las familias, como núcleo básico, se reconozcan como responsables directos, y así los medios de comunicación.

Es importante reconocer que en medio de estos procesos antes mencionados, se presenta el rol del Estado como fundamental para cumplir con los retos que la sociedad contemporánea plantea. De ahí que se deban dar una serie de cambios estructurales que impacten tanto la gestión curricular como la gestión institucional del sistema educativo. Desde el nivel formativo-curricular: educar para la vida (formar seres humanos que se valoren a sí mismos, se reconozcan como sujetos trascendentes para la comunidad y su medio ambiente, capaces de construir proyectos personales y familiares); educar para la incertidumbre (formar ciudadanos con capacidades suficientes para vivir en un entorno cambiante, saturado de información y tecnologizado); educar para la empresa (brindar competencias para la formación de emprendedores sociales en todos los niveles). Desde el nivel de gestión institucional: descentralizar y empoderar a los actores educativos formales capacitándolos para que desarrollen gestiones creativas y autónomas, con metas, presupuestos y resultados.

Un sistema integral de justicia que funciona

La impartición de justicia se encuentra estrechamente relacionada con la democracia, el respeto y garantía de los derechos humanos, y el respeto de la dignidad de la persona.

Por lo tanto, debe ser prioridad del Estado garantizar la existencia y operatividad de un sistema de administración de justicia accesible a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas sin discriminación alguna, tomando en cuenta las diferencias entre la población, de forma que el derecho de acceso a la justicia pueda ser plenamente ejercido.

Deben existir procesos adecuados, idóneos, sencillos y efectivos para garantizar y tutelar los diversos derechos de la ciudadanía. Asimismo, las garantías del debido proceso deben estar siempre presentes en todo proceso judicial. Por otro lado, ya sea para resolver un conflicto entre dos partes o para perseguir un delito, las normas sobre las cuales se basen las decisiones judiciales deben estar previamente establecidas y los jueces y juezas deben estar debidamente capacitados y capacitadas para aplicarlas. Esto requiere de un sistema de formación de operadores del Derecho de alta calidad, que involucra tanto a los centros educativos superiores como a las entidades del Estado encargadas de capacitar a los jueces y fiscales.

El correcto y eficiente funcionamiento de un sistema de justicia debe estar orientado a la prevención y resolución de conflictos, de preferencia a través de la concertación y conciliación, pues se encuentra directamente relacionado con la paz social. El establecimiento de normas claras y predeterminadas es indispensable en el proceso democrático que logra, a su vez, una cultura de paz. Además, la pedagogía es un tema transversal al de justicia, pues la función pedagógica permitirá la formación de ciudadanos y ciudadanas que sepan claramente cuáles son sus derechos y deberes, que y sean conscientes de la garantía de justicia que el Estado les brinda.