EL APURIMEÑO NO SE CHUPA: ¿Por qué el Estado no puede desarrollar proyectos mineros ni por la razón ni por la fuerza?

EL APURIMEÑO NO SE CHUPA: ¿Por qué el Estado no puede desarrollar proyectos mineros ni por la razón ni por la fuerza?

El enfrentamiento entre comuneros -de Cotabambas y Grau- y las fuerzas del orden tuvo como consecuencia la pérdida de seis vidas humanas, cuatro comuneros y dos policías -cuando se trasladaban al lugar del conflicto-. Ante ello, intentaré responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales problemas entre las entidades públicas y los principales actores sociales y/o políticos en el último conflicto por el desarrollo del proyecto minero las Bambas?, las posibles respuestas evidencian cuatro problemas que desarrollaré en el texto.

Antes de los sucesos del 28 de setiembre 2015, el gobierno emitió un conjunto de normas con el objetivo de agilizar las actividades económicas en todo el país. Una de ellas, la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM del 6 de marzo del 2014, establece:

Nuevos criterios técnicos para la evaluación de proyectos de modificaciones y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras tecnológicas en unidades mineras en exploración y explotación con impacto ambientales no significativos que cuenten con certificación ambiental,

En base a esa norma el operador minero presentó los informes y documentos exigidos para la evaluación de proyectos de modificaciones y/o ampliaciones de componentes del Proyecto las Bambas. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros -DGAAM- del Ministerio de Energía y Minas, luego de su evaluación, aprobó las modificaciones planteadas, dentro del plazo de 15 días hábiles establecidos en la norma citada.

Uno de los cuestionamientos planteados por los dirigentes que iniciaron el paro señaló que los cambios efectuados en el EIA -término usado en las plataformas de lucha y pronunciamientos- no fueron comunicados a los comuneros que tienen relación con el desarrollo del proyecto minero, y que de ejecutarse los cambios podrían traer daños ambientales en las zonas de influencia.

La respuesta del Poder Ejecutivo a dicho cuestionamiento generó un primer problema. El ejecutivo explica e intenta solucionar el conflicto con la interpretación literal de la norma. El 29 de setiembre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas señaló que la decisión de modificación del EIA fue realizado dentro de los alcances de la normatividad vigente. De manera puntual, mediante su comunicado señaló:

“(…) La Ley ha previsto que los ITS [Informe Técnico Sustentatorio] no implican la ejecución de talleres de participación ciudadana, sino su difusión a las autoridades locales y provinciales correspondientes, la cual se realizó en su oportunidad (…)”.

Es decir, el ejecutivo señala que no tenía la obligación legal de comunicar los cambios directamente a los comuneros sino únicamente a sus autoridades.

Ante un problema que tiene efectos que van más allá del cumplimiento de la norma para la modificación del EIA, la solución no ha incluido una perspectiva multidisciplinaria. La respuesta del Ejecutivo no sólo debería tener como principal fundamento el conocimiento o desconocimiento de la Ley por parte de los comuneros de la zona. También debería estar acompañada con la difusión de las acciones en respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la política pública de gestión de conflictos? ¿Qué acciones realizaron las unidades de conflictos socio-ambientales del MINAM, MEM y la PCM?, ¿Cuáles fueron los informes del MININTER?, o ¿Qué acciones realizaron las entidades competentes ante las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo?

Un segundo problema, el ejecutivo ha militarizado la zona de conflicto. En esa línea, una de las primeras declaraciones del Ministerio del Interior señaló:

“(…) Hemos enviado los efectivos policiales para resguardar una inversión millonaria que va a beneficiar a todos los peruanos (…) efectivos tanto de Lima, como de Cusco y Arequipa, y de las zonas más cercanas a Apurímac, se han trasladado. Es decir casi 1 500 efectivos que se han trasladado a la zona ya en días anteriores en previsión de esto”.

(La República 28 de setiembre de 2015).

Acto seguido, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurimac, mediante Decreto Supremo N° 068-2015-PCM  del 29 de setiembre de 2015. En los días sucesivos ordeno que patrullas combinadas del ejército y la policía realicen un despliegue que demuestra su poder militar, desfilaron a pie y en camionetas, además realizaron sobrevuelos de helicópteros por las principales calles de Cotabambas.

Quien conoce Apurimac, o en todo caso que lea sobre las costumbres de las provincias que protestan deben saber que allí habitan ciudadanos que son miembros de culturas que han precedido a la República, las naciones Yanahuara, Quechua y Chanca. Aun en las épocas más difíciles con Sendero y el Ejército incursionando sus territorios, las armas y la violencia nunca doblegaron a esos pueblos. Es más, los populares “wacachutas” siempre han querido mostrar su bravura, es común escuchar la frase: “un grauino no se chupa”. Los apurimeños todavía arreglamos nuestros problemas a “puño limpio”, el takanakuy[1] todavía es festejado -claro está con menos muertos-. En ese sentido, una interpretación válida podría concluir, que un gran porcentaje de apurimeños piensan que si el gobierno manda militares no desean dialogar sino entrar en un conflicto. El reto está planteado, necesitamos que pasen los días para que ver quién gana, las balas o las huaracas.

Un tercer problema, el gobierno señala enfáticamente que las autoridades autorizadas para el diálogo son sólo aquellas que han sido elegidas en procesos electorales. Para el Ministerio del Interior, haciendo caso omiso a la recomendación del gobernador de Apurimac, señaló:

“(…) Ayer he estado con el gobernador político de Apurímac. Y le preguntaba lo mismo (los reclamos de la población), y me decía que ‘el frente de defensa…’ y yo le digo ‘perdón, ¿la autoridad es usted o el frente de defensa?” (…) No tiene que haber frente de defensa si hay autoridades legítimamente elegidas”.

(La República 29 de setiembre de 2015).

Es necesario precisar, que en la mayoría de las comunidades donde se desarrolla el proyecto las Bambas priman las costumbres y formas de organización tradicional, y las instituciones representativas de nuestro sistema democrático son residuales. En ese contexto, los presidentes de las comunidades, en algunos casos tienen más legitimidad e importancia que la autoridad política elegida en los procesos electorales. Por ello, dejar de lado a los representantes de estas comunidades podría traer como consecuencia que las decisiones a las que se arriben no sean respetadas. Finalmente una pregunta válida que deberían responderse el ejecutivo debería ser: ¿Quiénes ejercen autoridad en las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros?, quizá la respuesta podría indagar en el juez de paz, el varayok, el presidente de comunidad, la asamblea de la comunidad, los alcaldes, el gobernador, el cura, los cuales no necesariamente han sido legítimamente elegidas en procesos electorales.

Un cuarto problema, el gobierno intenta desacreditar a los que protestan. Los mensajes han sido emitidos por el Presidente del Consejo de Ministros que señaló:

“No podemos aceptar que a través de mecanismos ilícitos se secuestren personas, se utilice dinamita y además se empleen armas para supuestamente defender derechos ambientales o locales (…)”.

(La República 30 de setiembre de 2015).

Sin el inicio ni culminación de un proceso de investigación sobre el uso de armas y la realización de delitos -secuestro- los representantes del Estado no pueden realizar dichas afirmaciones. La situación se complica si el interlocutor es el primer Ministro quien realiza dichas declaraciones sin ningún sustento legal ni sentencia judicial firme.

Lo que más preocupa, es que luego de esas declaraciones, los detenidos fueron acusados de tener en posesión dinamita. Lamentablemente, no tenemos el vídeo que podría dar claridad sobre los luctuosos hechos ocurridos. Dicha situación podría generar desconfianza por parte de la ciudadanía sobre la actuación del Estado y de las Fuerza Armadas en el manejo de las detenciones en las protestas ciudadanas.

Luego de una semana del conflicto en las Bambas, viajé a Apurimac y conversé con dirigentes de organizaciones sociales, presidentes de comunidades, y ciudadanos de “a pie” sobre la actuación del Estado, la empresa y los dirigentes locales. Advierto gran expectativa sobre el desarrollo de proyectos mineros, por lo que el Estado debería procurar el inicio de un proceso de comunicación de las implicancias positivas y negativas de la actividad minera. No basta explicar la Ley y no tener otros argumentos que sustenten las decisiones de los poderes del Estado, también es necesario tener en consideración la realidad y los problemas locales. De mantener las decisiones unilaterales, apresuradas e incompletas podría conllevar nuevos conflictos en los próximos meses no sólo en el proyecto minero las Bambas, sino en todos los demás que se desarrollan en la Región Apurimac.

 

Carlos Ramos Montes, abogado por la UNMSM y Magister (c) en Ciencia Política por la PUCP.

 

[1] Fiesta costumbrista que se practica en Apurimac y Cusco, que consiste en peleas entre individuos para resolver conflictos pasados.

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